San José, Cota Rica/ACAN-EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado salvadoreño a pagar 1,081,500 dólares por la desaparición forzada de 6 niños entre 1981 y 1983, a manos de las fuerzas militares, durante la guerra civil en ese país.
El fallo, que no ha sido publicado por la Corte en su página y al que tuvo acceso Acan-Efe, indica que el Estado salvadoreño violó los derechos de los menores, entre estos, el de la vida, reconocimiento de personalidad jurídica, integridad personal y libertad personal.
La sentencia, que tiene fecha del 31 de agosto pasado, indica que El Salvador violó la prohibición de la tortura y otros tratos denigrantes, el derecho a la vida privada, a la vida familiar, protección de la familia y las garantías judiciales.
«Está demostrado que agentes estatales, específicamente miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas sustrajeron y retuvieron ilegalmente a Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez, Gregoria Herminia Contreras, Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras y José Rubén Rivera», indicó el fallo.
Los jueces constataron que «la sustracción y separación de sus padres o familiares, así como el hecho de haber quedado bajo control de efectivos militares en el transcurso de una operación militar, produjo una afectación a la integridad psíquica, física y moral de los niños y niñas».
Los seis niños fueron secuestrados en medio de operativos de contrainsurgencia que realizaba el Ejército salvadoreño en algunos poblados campesinos, pero hasta la fecha solo ha sido localizada Gregoria Contreras.Gregoria Contreras, que ahora tiene 33 años, es casada y tiene tres hijos, fue encontrada por la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos en 2006, aunque su identidad y datos personales no han sido restablecidos aún.
La asociación la reunió con su madre, Aura Contreras, y la puso en contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llevó el caso a la CorteIDH.
Los jueces también fijaron 981.500 dólares en indemnizaciones por atención médica y psicológica y daños materiales e inmateriales, a favor de Gregoria Herminia, sus familiares y los familiares de los menores que aún no han sido encontrados.
El Estado además deberá pagar por gastos y costos del proceso 70.000 dólares a la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas de El Salvador y 30.000 dólares al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que representó a las víctimas.
Acerca de Gregoria Contreras, la Corte ordenó a El Salvador «adoptar medidas para la restitución de su identidad, incluyendo su nombre y apellido, así como otros datos personales».
El fallo de la Corte ordena al Estado salvadoreño «continuar eficazmente las investigaciones abiertas y abrir las que sean necesarias con el fin de identificar juzgar y en su caso sancionar a todos los responsables de las desapariciones» relacionadas con este caso.
El Estado también deberá «efectuar a la mayor brevedad una búsqueda seria en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero» de los cinco menores citados en este caso que aún permanecen desaparecidos.
La Corte también ordenó a El Salvador realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad por los hechos y designar tres escuelas con los nombres de los menores involucrados en este caso.
Además, el Estado deberá producir un documental sobre la desaparición forzada de menores durante el conflicto armado de la década de 1980 en El Salvador, con mención específica a los seis niños mencionados en el fallo.
