En declaraciones al periódico La Nación, de Costa Rica, publicadas el jueves pasado y reproducidas por LA PRENSA el viernes 23 de septiembre, monseñor Silvio Báez dijo que “en este momento (en Nicaragua) no se puede hablar de una dictadura, donde no hay libertad de expresión o donde el Gobierno ejerce violencia contra las personas. Pero sí vemos el germen de una dictadura creciendo en Nicaragua. Vemos como si se estuviera ya formando”.
En realidad, desde que comenzó el actual período de gobierno de Daniel Ortega, el cual ha derivado cada vez más hacia el autoritarismo, se planteó la discusión sobre si hay en Nicaragua una nueva dictadura o un régimen básicamente democrático. Los defensores del régimen orteguista alegan que no puede ser una dictadura, porque fue electo democráticamente por el pueblo, es cierto que con el 38 por ciento del voto nacional pero de manera legal y legítima, porque así lo permite la Constitución después del pacto de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán.
También aseguran los defensores del actual régimen autoritario, que este no puede ser una dictadura, porque no hay presos políticos en el país ni se despelleja a los opositores en cámaras de tortura; y porque, además, hay libertad de prensa, libre organización en partidos políticos y derecho de participación en las elecciones, que son las condiciones básicas de la democracia.
Pero una dictadura no es solo aquella donde se desuella a los opositores como en Zimbabwe o se dispara contra el pueblo como en Siria o se mantiene en las cárceles a los opositores como en Corea del Norte o donde no existe del todo la libertad de prensa como en Cuba. Una dictadura puede tener o no todos esos atributos perversos y criminales, pero también es dictatorial un gobierno que no permite el control democrático de la gestión pública, que no respeta la independencia de los poderes del Estado, que pervierte la justicia politizándola, que impone un sistema electoral fraudulento, que protege con la impunidad a los corruptos y donde el presidente nombra a los funcionarios de alto nivel no como mandan la Constitución y las leyes, sino como a él le viene en gana, como es el caso de Nicaragua. Y donde además se vapulea en las calles a los opositores, se amenaza de muerte a periodistas que denuncian la corrupción, se ahoga económicamente a los medios independientes y se pretende someterlos u obligarlos a que se autocensuren.
Es cierto que el gobierno de Nicaragua no es una dictadura igual a la de Siria, Corea del Norte o Cuba. Es una dictablanda, o sea “una dictadura poco rigurosa en comparación con otra”, según la correcta definición del Diccionario de la Lengua Española. Pero de una dictablanda solo se puede derivar una dictadura, y sin duda que a eso se refiere monseñor Báez al decir que “vemos el germen de una dictadura creciendo en Nicaragua”.
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