De ninguna manera es discutible, y a primera vista se comprueba, que cualquier partido que esté en el poder se le hace fácil llenar las plazas obligando a los empleados públicos a asistir puntualmente a sus convocatorias políticas.
Es una vieja costumbre que se sigue usando en Nicaragua, aprovecharse de la necesidad que un servidor público tiene de conservar su trabajo a cambio de participar en las actividades partidarias que periódicamente se montan en un país que, como el nuestro, continúa mostrando sus endémicas miserias; porque es miseria moral de un Gobierno comprometer las conciencias ajenas con el consabido afán de querer demostrar que tienen apoyo del pueblo, cuando la realidad es otra y nadie puede cambiarla.
El sandinismo-orteguista debe entender que a un empleado público se le paga por sus servicios con dinero del Presupuesto General de la República, es decir de los impuestos que pagan todos los nicaragüenses. Y por lo tanto es un abuso que por no ir a una concentración partidaria se le despoje de su trabajo, cuando este último es un derecho consignado en la Constitución Política. De manera que un empleado del Estado no tiene por qué estar supeditado a los necios caprichos del Gobierno de turno, o de los dirigentes políticos departamentales. La Carta Magna es precisa en sus mandamientos al establecer que uno de los derechos del ciudadano es optar a un cargo público, entonces no hay por qué forzar a una persona a hacer cosas que incluso van contra sus mismo principios.
El empleado público no es ningún borrego para que se le trate como tal. Es una persona con dignidad a quien tienen que respetarle sus derechos y no presionarlo para que asista a una plaza a escuchar los cansados estribillos de un caudillo que no sale de la misma tónica, a sabiendas de cuan aburrida resulta su participación central.
El sandinismo, por su forma de actuar es una copia fiel del somocismo en lo que a vicios se refiere. Porque también es un vicio valerse del poder para vivir presionando la voluntad de un empleado público. Fue una práctica del somocismo obligar a los servidores del Estado a hacer acto de presencia a todos los eventos politiqueros, y tomar sanciones si alguno se oponía contra esas mecánicas que son propias y usuales en los regímenes que carecen de aceptación popular.
Ahora Daniel Ortega y el Frente Sandinista no tienen victorias que anotarse, pues los verdaderos triunfos no se consiguen presionando la voluntad de un empleado público; las victorias nacen cuando hay un verdadero liderazgo, y no como ahora en que los dirigentes improvisados abundan por todos lados, y suelen ser como la mercadería que se expende al mejor postor en las tiendas y almacenes. Es necesario que el sandinismoorteguista vaya deponiendo ese viciado mecanismo de querer utilizar a un empleado público para sus propios intereses politiqueros, a como constantemente lo hacía el somocismo. El autor es periodista de Somoto.
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