Aminta Granera es una de las mejores personas que han pasado por el servicio público nicaragüense. Que nuestras opiniones sobre otros tengan una carga subjetiva, no las hace innecesariamente inválidas. La bondad y la calidad de las personas es algo que uno normalmente intuye. Conocí a Aminta en su adolescencia y la traté cuando era alumna de la UCA, recién salida del noviciado de la Asunción. Llevaba la marca de una persona profundamente religiosa, que fácilmente se encendía hablando de Dios y temas espirituales.
El excelente récord policial de Aminta y, sobre todo, la gran estima que se ha granjeado entre la población y entre sectores muy respetables, son resultados y reflejos de sus cualidades. ¿Cómo es, entonces, se preguntan algunos, que una persona tan recta haya aceptado una decisión presidencial, que a juicio de juristas de prestigio es flagrantemente ilegal? Juzgar las decisiones de los malos es relativamente fácil: a ellos los motiva la búsqueda egoísta de beneficios. Juzgar la decisión de los buenos es más difícil. No comparto el escepticismo de quienes, como el caricaturista Guillén y el escritor León Núñez, creen que los altruistas son especie en vías de extinción. Creo que la motivación principal de Aminta ha sido el bien de su patria y el de la institución policial, por la que ha dejado buena parte de su vida.
Un aspecto a considerar, al valorar su actuación, es que en una institución militar y jerárquica, como la policía, sus mandos deben obedecer, sin deliberar, a sus superiores. Esta realidad, de carácter legal, ha sido frecuentemente ignorada causando muchos equívocos. Así, cuando la policía ha mostrado pasividad ante el actuar de las turbas orteguistas, el blanco de las críticas ha sido Aminta o la policía, y no su jefe supremo. Esto ha colocado a los mandos policiales en una situación incómoda, prensados entre su vocación de profesionalismo, que han cultivado y demostrado a través de los años, y la obediencia a un presidente, propenso a comportarse más como cabeza de partido que de nación.
Por varios años, botar el bastón de mando y acariciar el dulce y remunerado retiro, ha sido una posibilidad elegante y tentadora. ¿Pero era lo mejor para la institucionalidad policial? ¿Mantendrían los nuevos mandos ese esfuerzo oculto y duro por defenderla, o se entregarían en los brazos de quien aspira a politizarla y desvirtuarla aún más?
Ese dilema volvió a repetirse, agravado, a la hora que Ortega decidió prorrogar a la comisionada. Él hubiese podido legalizar su decisión con una reforma a la ley. Si no lo hizo, pudiéndolo, es porque quizás quería minar a Aminta, a quién, según una hipótesis creíble, Ortega ratificó en vísperas de las elecciones en atención a su prestigio, pero a quien desearía reemplazar más tarde con una ficha incondicional.
Aminta tenía la posibilidad de rechazar el decreto presidencial, declarándose en rebeldía, ante el aplauso de muchos, o acatarla, cargando un precio alto, pero quizás manteniendo otro espacio, en el cual seguir jineteando al borde del acantilado.
Aunque hoy Aminta tenga mellada su legitimidad, por la forma en que la nombró Ortega, posiblemente aún tiene un margen de maniobra para defender la cuota de profesionalismo, grande e importante, que todavía preserva la Policía Nacional —en gran parte- gracias a ella—. Será el veintiún funcionario de facto, pero un gran abismo la separa de quienes buscan prebendas sin pudor. No es un jinete que esté allí por el placer de cabalgar o cosechar ventajas, sino para evitar el abismo. Ahora la cabalgadura será más empinada. Que sea también más sola, dependerá de nosotros.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
