Si los sandinistas, como partido político, se consideran la “primera fuerza del país”, ¿por qué entonces apelan al fraude para ganar las elecciones del próximo 6 de noviembre? La mala fe, en ellos, demuestra debilidad, y en este caso el Frente ya no cuenta con suficiente credibilidad para retener el poder, cuyas ambiciones por este último dominan la mente de Daniel Ortega, y de los que siguen pensando que su reelección presidencial es algo indispensable que no tiene objeciones.
Es muy contradictoria la postura del Frente Sandinista en lo que al fraude se refiere. Es una corrupción del pasado, que sigue viviendo en el presente. Los Somoza siempre hicieron uso de la mecánica fraudulenta para prolongar su presencia en la vida política del Estado. Sacando conclusiones, en ellos no podía ser extraño porque vivieron en esa mecánica y la hicieron propia para imponer el terrorismo político. Pero que ahora vengan los sandinistas autonominándose “redentores” del pueblo, a poner en práctica ese mismo modelo de corrupción para alargar otra dictadura resulta más censurable, y al final de todo, se llega a la conclusión de que los mismos sandinistas buscaban el poder, y lo conquistaron, no para establecer los supuestos cambios sociales de lo que tanto hacían alarde, sino para convertirse en poderosos millonarios. De esa manera dieron las espaldas a una Nicaragua sufrida, que carga sobre sus hombros la vil de traición de una revolución que no pudo ser lo suficientemente honesta, porque sus falsos dirigentes ya tenían programado el tipo de gobierno que iban a imponer, como en efecto lo impusieron, desgracia de la nación.
Pero los sandinistas ya no pueden engañar a nadie. Piensan que al pueblo todavía lo pueden seguir engañando. No se ponen a pensar que en Nicaragua nadie puede vivir de falsedades, mucho menos que cuatro señores encopetados de orgullo pretendan hacer de las suyas, diciendo mentiras que no caben en la conciencia del pueblo. El Frente Sandinista desde ya se están anticipando al fraude, negándoles las cédulas a muchos nicaragüenses a sabiendas la necesitan para ejercer el derecho al voto y otros menesteres legales. Al negar las cédulas cometen un delito electoral que debería ser penado por la ley, pero como en Nicaragua el que detenta el poder, llámese como se llame, hace lo que le viene en gana, nadie se atreve a denunciar con coraje ciudadano lo que es obligación denunciar.
La vindicta pública, en este caso tiene que ser terminante con el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, señor Roberto Rivas Reyes. La justicia, tarde o temprano dejará oír su voz para enjuiciar formalmente en el banquillo de los demandados, a quienes han pisoteado los conceptos básicos de la democracia, abriéndole las puertas a una temible dictadura que es la vergüenza de la Nicaragua moderna. El autor es periodista de Somoto.
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