Cuando en tiempos de Somoza el doctor Guillermo Argüello Poessy ejercía el cargo de juez de Distrito para lo Civil de Managua, que por cierto lo ejerció con honradez y acierto jurídico, a la persona que le pedía consejo le solía decir: búsquese un abogado.
La persona interesada, siguiendo este consejo, escogía el abogado que le llevaría el juicio, pero cuando en su tramitación, por ineficiencia del letrado, empezaba a sufrir reveses volvía a visitar al doctor Argüello, a quien además de exponerle sus preocupaciones le pedía nuevamente consejo. El doctor Argüello le decía lo mismo: búsquese un abogado. “Pero si usted sabe que yo tengo mi abogado”, manifestaba con extrañeza la persona interesada. “La ley no me permite darle explicaciones, expresaba el doctor Argüello, lo único que puedo decirle es que usted necesita un abogado, y óigame bien, un abogado”. Naturalmente que el pobre hombre no entendía que lo que le quería decir el doctor Argüello era que su abogado no servía para nada.
Me vino a la memoria esta anécdota del doctor Argüello cuando conversaba con un abogado guatemalteco sobre el caso de doña Sandra Torres, exesposa de Álvaro Colom, presidente de Guatemala. Le dije a mi colega que doña Sandra había perdido el caso en la Corte de Constitucionalidad porque no había buscado un abogado. Mi mencionado colega me entendió inmediatamente y reconoció que la estratagema del divorcio había sido un pésimo consejo, porque el divorcio colocaba a doña Sandra frente a un evidente fraude de ley, fraude en el que se basó el tribunal guatemalteco para rechazar la pretensión de la señora Torres de ser candidata presidencial.
La estrategia correcta era la de haber buscado la inaplicabilidad de la disposición constitucional que prohíbe a doña Sandra aspirar a la Presidencia de la República, por cuanto esta disposición viola, entre otras cosas, el derecho de esta señora, también constitucional, de poder elegir y ser elegida en elecciones presidenciales. A este respecto es ilustrativa la resolución de nuestra Corte Suprema de Justicia, proyectada por el doctor Rosales, que declaró la inaplicabilidad de la disposición constitucional que prohíbe la reelección del presidente Ortega.
Le dije a mi amigo guatemalteco que si doña Sandra hubiera buscado al doctor Francisco Rosales otro gallo le hubiera cantado, porque el doctor Rosales es un excelente abogado, una lumbrera en inaplicaciones constitucionales. No hay duda que con la asesoría de don Francisco el alto tribunal de Guatemala no le hubiera impedido a doña Sandra aspirar a la Presidencia de la República
En la peña El Bejuco se ha tenido conocimiento que varios presidentes latinoamericanos, entre ellos, Ricardo Martinelli de Panamá, Sebastián Piñera de Chile, Felipe Calderón de México, que por disposición constitucional no pueden reelegirse, están pensando en buscar los servicios profesionales del doctor Francisco Rosales para que les consiga la inaplicabilidad de esa disposición que prohíbe la reelección. Es más, hasta el presidente Obama piensa en “Chicón” cuando se le vienen ideas de correr para un tercer mandato presidencial.
Yo creo que si un presidente latinoamericano sobre el que pesa la disposición constitucional que prohíbe su reelección me pidiera consejo para conseguir su inaplicabilidad, yo no le aconsejaría, como hacía el doctor Guillermo Argüello, que buscara un abogado. Yo sería más concreto. Le aconsejaría que buscara al doctor Francisco Rosales, pues nada más propio que contratar, para este caso, al propio autor de la irrebatible teoría pura de la “inaplicabilidad constitucional”. El autor es abogado
Si hubiera buscado al doctor Francisco Rosales otro gallo le hubiera cantado, porque es una lumbrera constitucional.
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