El 28 de agosto pasado Daniel Ortega intervino ante una asamblea internacional de sindicalistas comunistas y de otras expresiones de la izquierda radical, que se reunieron durante dos días en Managua. Ortega habló en esa ocasión de Libia, pero no mencionó a su camarada y antiguo benefactor Muamar Gadafi, el exdictador de Libia derrocado el 21 de agosto. Sin embargo Ortega atacó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que destruyó con sus bombardeos el poderío militar aéreo y de artillería pesada de Gadafi, para evitar que masacrara al pueblo insurrecto y ayudar así a derrocar la dictadura gadafista de 42 años.
«¿Quién puede negar que la OTAN ha inventado una nueva forma de proteger los derechos humanos de los ciudadanos lanzando bombardeos masivos?», expresó Ortega con amargura. Pero no sólo él sino todos los amigos y cómplices del derrocado dictador Muamar Gadafi, están resentidos con la OTAN, pues los bombardeos de esta coalición impidieron que la dictadura gadafista aplastara sangrientamente la sublevación popular y que siguiera detentando el poder.
En Libia se ha establecido un precedente muy importante de acción colectiva al amparo del derecho internacional de protección a los pueblos. A partir de ahora, según las circunstancias se podrá actuar contra otros dictadores criminales que violan despiadadamente los derechos humanos de sus ciudadanos, que bloquean todos los caminos de una salida cívica de la dictadura y aplastan de manera sangrienta a los pueblos que se sublevan justamente en procura de su libertad.
Desde el fin de la II Guerra Mundial, los dictadores empedernidos se han amparado en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual consagró el principio de que la soberanía de los Estados es inviolable, a fin de cometer impunemente sus feroces tropelías contra los pueblos que mantienen sojuzgados. Sin embargo, después del genocidio de Kosovo en 1999, que la comunidad internacional fue incapaz de detener, la ONU dispuso que no se debe ni se puede permanecer impasible mientras un dictador sanguinario comete en su país graves violaciones masivas de los derechos humanos. De manera que a pesar de la resistencia de algunos gobiernos poderosos que son protectores y amigos de los dictadores, la ONU proclamó en 2009 la doctrina de «la responsabilidad de proteger» a la población de los Estados gobernados por forajidos, los cuales se escudan en la soberanía nacional para negar los derechos humanos fundamentales y reprimir despiadadamente a quienes se atreven a protestar y sublevarse.
De allí fue que se derivó la acción de la ONU y la OTAN contra la dictadura de Libia, y es comprensible que sus amigos y camaradas, como Daniel Ortega, estén dolidos y muy preocupados por el derrocamiento de Gadafi.
