Estoy de paso por México, experimentando una de esas semanas terroríficas que viven los mexicanos desde hace años, en la que la violencia y el clima de inseguridad dominan su existencia y la agenda pública.
La semana arrancó violenta, con una balacera cercana a un concurrido estadio de futbol en Torreón, Coahuila, que mostró a los jugadores del Santos y el Morelia huyendo agazapados hacia los vestuarios y a los aficionados parapetándose entre las gradas. Y terminó trágica, con un atentado incendiario contra el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, en el que perecieron más de 53 inocentes, la mayoría mujeres, asfixiados y atrapados, después que un grupo armado roció las mesas de juego con gasolina.
Y en el medio de la semana, los gobiernos locales y el federal continuaron su pantomima de acusarse por la ineficacia para combatir al narcotráfico, desoyendo a las organizaciones, que reclaman cansadas por tantas masacres, secuestros, robos, extorsiones y homicidios que rara vez se resuelven. Es que los mexicanos ya están hastiados de ser víctimas de la violencia, como para también serlo de la impunidad.
Las imágenes dantescas del estadio y el casino arrancaron de la memoria colectiva las escenas recientes de Noruega y las de aquellas masacres en fiestas de quinceañeros en Ciudad Juárez. Demostraron que el ciudadano común es vulnerable y que el terror no solo se sufre en los tugurios y callejones a medianoche, sino en espacios públicos y de esparcimiento a plena luz del día.
de inseguridad y desprotección.
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El crimen organizado sigue conquistando territorios y sorprendiendo a su antojo, aumentando la sensación de inseguridad y desprotección. Y ante un gobierno que no resuelve ni administra justicia, muchos vuelcan su frustración e impotencia renovando su devoción por santos como San Benito Abad y el Santo Niño Cautivo, a quienes acuden implorando por más protección y menos impunidad.
El gobierno militarizado de Felipe Calderón da todas las semanas duros golpes a los carteles. Pero sus anuncios son rápidamente neutralizados por nuevas masacres, por el descubrimiento de fosas comunes como las de Tamaulipas y Durango o por la revelación de cifras escalofriantes, como la de 45 taxistas ejecutados en la turística Acapulco. Por más campañas y propaganda para cambiar la percepción de inseguridad, la realidad es inobjetable. La dicotomía se comprobó esta semana con la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Mientras alababa a su colega mexicano por su “lucha heroica” contra el crimen organizado, la ONG México Evalúa, revelaba que en 27 de los 31 estados del país, durante el sexenio de Calderón los asesinatos a nivel nacional se incrementaron en un 96% y los secuestros en un 188%.
En lo que sí tiene razón Calderón, es que todos, municipios y estados incluidos, deben sentirse responsables para combatir al crimen organizado, imponiendo leyes severas contra el lavado de dinero, así como depurando a la Policía, antros de corrupción. En ese contexto, nació la propuesta de seguridad nacional de la UNAM, que su rector, José Narro Robles, explicó ante la Conferencia Hemisférica Universitaria contra la impunidad de la SIP, que acabamos de celebrar en Puebla, destacando reformas de políticas públicas, la creación de un registro nacional de víctimas, el combate a la impunidad y la prioridad de la prevención.
Lo interesante es que ya hay conciencia que a México lo tienen que rescatar todos, unidos y con urgencia. El país ya no es el de antes y aunque preserva su hospitalidad y belleza, los mariachis tocan de reojo y los conserjes no aconsejan salir después de las 8. El autor es periodista argentino, director de prensa de la SIP.
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