MIAMI/AP
Desde hace 13 años, Julio Javier Padilla Montoya ahorra religiosamente entre 10 y 20 dólares a la semana para estar preparado al momento de pagar la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de él y su familia.
Cada 18 meses, este hondureño —quien vive en Estados Unidos desde hace 19 años, 13 de ellos cobijado por el TPS— tiene que realizar un trámite de renovación que en 2010 tuvo un costo de 465 dólares por persona (380 dólares por la tarifa de inmigración y 85 dólares por las huellas).
“Haya trabajo o no, mi prioridad es tener el dinero para pagar la renovación del TPS. Por eso, cada semana ahorro así sean 10 dólares, que así no tenga para pagar las cuentas, no los toco”, dijo Padilla.
“En los últimos años, la situación de la economía se ha vuelto cada vez más difícil y por eso no puedo esperar a que esté cerca el plazo de la renovación para conseguir el dinero, porque nadie me garantiza que lo conseguiré a última hora”.
Decenas de miles de familias salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses se encuentran en la misma situación, ya que entre el 5 de enero (hondureños y nicaragüenses) y el 9 de marzo (salvadoreños) del 2012 se les vence el TPS.
Se espera que Estados Unidos acceda a renovarlo en los próximos meses, pero esa renovación no es automática, sino que los afectados tienen que hacer una solicitud formal.
El trámite de renovación representa un gasto elevado en momentos en que el desempleo hispano se encuentra en el 11.3 por ciento a nivel nacional, en comparación con una tasa general de paro del 9.1 por ciento, según el Departamento de Trabajo. En la Florida el índice de desocupación de los hispanos es de 10.6 por ciento.
A lo anterior se agregan las medidas que varios estados de la unión han implementado para detectar a los indocumentados y la cada vez más etérea reforma migratoria que han puesto a millones de latinos en total estado de indefensión y vulnerabilidad.
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