Paris. Lo que faltaba: el juez ecuatoriano Juan Paredes, el que dictó la sentencia “salvando el honor” del jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, sumándole además al bolsillo de éste 40 millones de dólares y simultáneamente enviando a prisión a cuatro periodistas, tarea que realizó durante un interinato de 33 horas en que analizó un expediente de 5 mil fojas, cumplió una audiencia de 8 horas y redactó un dictamen de 156 carillas, resulta que —para que a nadie le que quede duda alguna— es recomendado como juez por el propio abogado del demandante, esto es, del hombre que hoy detenta el poder en la República del Ecuador.
¿Cómo entonces semejante “combinación” de circunstancias tan favorables al mandamás ecuatoriano no va a acaparar las páginas y los espacios de noticias internacionales a nivel mundial? Es lo que ha ocurrido. ¿Cómo tal atropello a la libertad de expresión no habría de generar las mayores protestas de las organizaciones de defensa de las libertades de prensa y de los derechos humanos y de los hombres libres de todas partes del planeta? Es lo que está pasando.
Fue una triste misión la que ha cumplido el juez Juan Paredes. No para su prestigio personal ni como jurista, pero seguramente su actuación en esta instancia será “un caso” recordado. No alcanzará la trascendencia de aquella decisión de aquel juez de Virginia, Charles Lynch, pero realmente la suya fue también un auténtico linchamiento de la libertad de prensa. Habría que llamarlo un “paredazo” para que no le roben el mérito y la autoría, aunque si el ánimo es ser justo lo que correspondería es llamarle un “correazo”.
Tras la decisión judicial, lo primero que hizo Correa fue viajar a Cuba, a festejar su hazaña con Castro y Chávez. No sé, en tanto, que le habrán dicho sus colegas durante el cambio de mando en Perú. Me cuesta creer que todos lo hayan felicitado por su avasallamiento a la libertad de prensa. Algunos lo deben haber hecho y quizás hasta le pidieron consejo. Son los que manejan “modelos parecidos”.
Quizás alguno se lo reprochó. Difícil. En estas épocas el protocolo, la diplomacia, el intercambio comercial, han pasado al frente y los valores y principios han sido relegados, muy relegados.
Pese a todo ello la batalla no está perdida y los periodistas han recurrido la decisión judicial.
Y aunque parezca increíble, también lo ha hecho Correa. Le parecen poco los 40 millones de dólares y quiere 80 millones para su bolsa. Pero no es solo esto, él pretende que lo consideren un demócrata, que se determine que él es respetuoso de la separación de poderes, que no es un autoritario, que no actúa con total impunidad cuando insulta casi diariamente a la prensa en general y a los periodistas con nombre y apellido y a él no se le puede demandar, que se dictamine además que fue cierto que hubo un intento de golpe de Estado contra él, que no fue pura pantomima, que se establezca que no utilizó dineros y bienes públicos y todo el aparato del Estado y uso y abuso de su poder para poder ganar, apenas, el último plebiscito, y que además este fue planteado legítimamente, y que él no es un dictador.
No le debería ser fácil. Eso sí, en la OEA seguirá amparado por la Carta Interamericana e Insulza, y quizás el juez Juan Paredes asuma un nuevo interinato, pero confiemos en que aun haya jueces en Ecuador.
El autor es periodista uruguayo, director del semanario Búsqueda.
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