Por Lucydalia Baca y Tania Sirias
La delegación de Amnistía Internacional (AI) que visita el país expresó a la presidenta de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, y al vicepresidente de facto, Marvin Aguilar, preocupación por la indefensión que enfrentan víctimas de violencia sexual.
“Les dijimos que estamos fuertemente sorprendidos por el contenido de la sentencia en el caso Fátima Hernández. El elemento fundamental es que esta sentencia se aparta de las normas internacionales de derechos humanos de mujeres víctimas de violencia”, detalló Esteban Beltrán, miembro de la delegación y Director de AI España.
“De hecho la sentencia ni siquiera tiene en cuenta ni una sola norma internacional de derechos humanos que protegen a las víctimas de la violencia. Ni siquiera hay referencia de ellas”, dijo Beltrán.
“NO CABEN INTERPRETACIONES”
Según Beltrán, las normas internacionales establecen que el consentimiento de la mujer debe ser expreso y claro. “Es sí o no”, sin admitir ningún tipo de análisis. “No caben interpretaciones relativas a que si iba o no, más o menos, con bebidas alcohólicas en el cuerpo o si consintió de alguna manera”, cuestiona Beltrán.
El funcionario reiteró el temor de AI por el “peligroso mensaje” que dicha sentencia envía a las víctimas de violencia sexual y evitó comentar las explicaciones que les proporcionaron los magistrados judiciales.
- Jaime Chavarría y Margarita Alonso entregaron al delegado de Amnistía Internacional, una basta documentación sobre la persecución que, según ellos, le ha hecho el presidente Daniel Ortega a sus familias.
Alonso relató que en las pasadas elecciones municipales de 2008, sus hijos fueron golpeados por turbas del FSLN, al ir a ejercer su derecho al voto.
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La delegación se reunió posteriormente con el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el diputado liberal José Pallais, quien les dijo que cuatro leyes encaminadas a fortalecer el compromiso del Estado en la defensa y protección de los derechos humanos de la mujer, permanecen estancadas en la tubería parlamentaria y que no se vislumbran posibilidades de que ninguna se apruebe en el corto o mediano plazo.
SANDINISTAS OBSTACULIZAN LEYES
Según Pallais, el Código de la Familia, y la Ley de Reforma al Código Penal para restablecer el indicador para salvar la vida de la mujer en caso de riesgo (restitución del aborto terapéutico), están paralizadas en la junta directiva por decisión de la mayoría sandinista.
El dictamen de la Ley Integral contra la violencia hacia la Mujer está terminado, pero los diputados sandinistas se niegan a firmarlo y han expresado públicamente que no es momento para aprobarla.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva permanece estancada en la Comisión de Salud que preside el diputado orteguista Gustavo Porras, quien no ha dado trámite a las consultas.
Beltrán considera que es contradictorio lo que ocurre con estas propuestas legislativas y les preocupa que “la agenda legislativa se debilite y no haya oportunidad de avanzar”.
Ayer, la cancillería les consultó los temas que desean tratar con el presidente Daniel Ortega, por lo que confía en que los reciba en el transcurso del día y les confirme si su partido apoyará alguna de las leyes estancadas en el parlamento, para presentar un panorama más amplio en el informe de la visita que entregarán el viernes antes de abandonar el país.
AI considera que la “tolerancia cero hacia la violencia sexual hacia la mujer debería ser una política de Estado. Estamos preocupados que al presidente Ortega le tome tanto tiempo decidir reunirse con Amnistía Internacional, pero confiamos en que muestre su deseo de escuchar”, expresó Beltrán.
Por su parte, Marcos Gómez, también miembro de la misión, después de reunirse con los candidatos de la Alianza Partido Liberal Independiente (PLI), Fabio Gadea Mantilla y Edmundo Jarquín, aseguró que Nicaragua encabeza la lista negra en la región, por tener indicadores muy negativos. Entre éstos, la impunidad en casos de violación de derechos humanos,
la violencia sexual y doméstica que sufre la mujer, la utilización de menores de edad como agresores en actividades partidarias, los altos índices de impunidad, el embarazo adolescente y la violación de los derechos políticos, son algunos de los temas abordados en el encuentro.
Gómez advirtió que “Nicaragua debe reaccionar como sociedad”, porque “hay mujeres muriendo, hay quienes tienen que hacer huelga de hambre para poder acceder a la justicia, simplemente para poder ser escuchadas, para tener igual de oportunidades. Esto no puede suceder, deben hacer cambios”.
AI también ha obtenido información acerca de las contramarchas y la protección que debe brindar la Policía a cualquier manifestante y que estos no sean agredidos por otro ciudadano.
Eliseo Núñez, jefe de campaña de la Alianza PLI, dijo que los candidatos Gadea y Jarquín presentaron un dossier sobre los hechos relevantes de violencia contra la mujer, siendo el caso emblemático el de Fátima Hernández, donde la CSJ se puso al lado de quien abusa a la mujeres para luego dejarlo impune.
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