Roberto Rivas Reyes, magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), prácticamente puso una lápida al derecho de los partidos políticos de fiscalizar el proceso de verificación que se llevará a cabo mañana 23 y pasado mañana 24 de julio.
En conferencia de prensa con los medios oficialista únicamente, porque los medios independientes no fueron invitados, Rivas Reyes dijo que en cada uno de los 4,296 Centros de Verificación solo estarán dos miembros de mesa: un coordinador de centro y un edecán, sin referirse a la fiscalización u observación.
Sin embargo, Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) señala que ellos estarán observando el proceso en 750 Centros de Verificación en 130 municipios de los 17 departamentos del país , incluyendo la Costa Caribe.
“Vamos a monitorear si todos los 4,296 centros de verificación abren, si atienden al público y si tienen la debida documentación”, indicó Zuñiga, quien agregó que el Consejo no puede quitarle el derecho a los partidos políticos así como a los medios de comunicación y demás observadores de fiscalizar.
Miembros de la Alianza PLI en Masaya denunciaron que no les han acreditado a sus fiscales y que la explicación que han recibido es que es una actividad “institucional”.
El pasado lunes, Antonio Benavides, coordinador de los Centros Electorales Departamentales (CED), y quien estuvo presente en el traslado de los materiales de verificación, dijo que no habrá fiscalización por que es una actividad “estrictamente administrativa”.
Debido a las irregularidades del proceso electoral, empezando por la presencia de las autoridades electorales a quienes hace un año se les venció su periodo en ese poder del Estado —y además estuvieron a la cabeza de las elecciones fraudulentas del 2008—, hay mucha desconfianza en cada una de las etapas del proceso.
Zúñiga instó a los partidos políticos ir a ver a sus Juntas Receptoras de Votos donde les toca verificarse para que de paso fiscalicen el proceso.
Rivas dijo ante los medios oficialistas que “Nicaragua tiene muchos funcionarios con experiencia electoral. Esa es una de las grandes riquezas de este Consejo, que todos sus técnicos son gente que ha trabajo en todas las elecciones donde han ganado toditos los signos políticos”.
No obstante, esa misma experiencia fue excusa para que el CSE no acreditara al fiscal nacional de la Alianza PLI y al de la Alianza PLC, violentando de esa manera el derecho de los partidos políticos de elegir a sus fiscales.
Rivas ve ve verificación como un favor
Por otra parte, Rivas dijo que la verificación es “esfuerzo del Consejo” y no un mandato de la ley. “No está contemplado en la ley pero es un esfuerzo que el Consejo hace porque estos procesos, que siempre hemos llevado adelante, sean procesos transparentes”, dijo Rivas.
Sin embargo, en el artículo 10 de la Ley Electoral, inciso 11, señala que entre las atribuciones del CSE están dictar un reglamento para el procedimiento para la verificación y depuración del Padrón Electoral o Catálogo de Electores, según el caso.
Zúñiga señaló que la verificación ciudadana es un acto que históricamente se ha hecho para actualizar el padrón, “hay un mandato claro en la ley de entregar un padrón con nuevas inclusiones, depurado”.
Rivas añadió que la verificación ciudadana es un elemento permanente del sistema electoral nicaragüense y que el ciudadano está obligado por ley a reportar en un plazo de 30 días su cambio de domicilio para que el CSE proceda a asignarle el centro votación que le corresponde, pero hasta hora ese poder del Estado no ha realizado una campaña masiva de comunicación que le indique a la población cuáles son sus deberes .
Llaman a los nuevos
Rivas hizo un llamado a los nuevos electores a que vayan a verificarse para que sean incluidos en el padrón electoral, los que según datos oficiales, son desde septiembre del 2009 hasta el 2011, 329,779 personas, de las cuales 173,775 son del 2010 y 195,974 son de los seis meses y medio que llevamos del 2011.
Para Zúñiga la importancia de la verificación no es solo la inclusión de los más de 329,000 nuevos ciudadanos, sino el reporte de cambio de domicilio que el Ipade estima que entre el 2008 y 2011 pueden haber cambiado entre 10 o 20 por ciento de la población, lo que significa unos 400,000 ciudadanos como mínimo, o 700,000 como máximo.
Otro punto no menos importante en la verificación, según Zúñiga, es reportar las defunciones, las cuales solo las pueden hacer los familiares del fallecido con el acta de defunción. El Ipade estima que hay entre un 3 y 7 por ciento de fallecidos en el padrón.
