El antecedente más reciente de movimiento de No Pago lo encontramos a inicios de los años noventa en el gobierno de doña Violeta. Sin embargo fue algo que heredó de los años ochenta, del gobierno sandinista. Algodoneros, cafetaleros y ganaderos que pudiendo pagar sus deudas no lo hicieron, lideraron movimientos de no pago no organizados y, junto con las políticas neoliberales de Antonio Lacayo, hicieron colapsar al sistema financiero nacional estatal.
A inicios de los noventa nacieron las primeras instituciones de microfinanzas trabajando con los segmentos de más bajos ingresos, aquellos que nunca habían recibido créditos más que de los usureros. Y empezaron una titánica campaña de rescate contra la cultura de no pago heredada de los ochenta, obteniendo en poco tiempo resultados realmente asombrosos puesto que la tasa de morosidad de sus carteras fue por mucho tiempo menos del cinco por ciento.
Ni siquiera el impacto del huracán Mitch a finales de los noventa, que destruyó casi totalmente la infraestructura productiva del país, arrasando con los cultivos, ganado y suelos fértiles en el agro; que coincidió con la dramática baja de los precios internacionales del café a inicios de la década pasada, llegando a niveles sin precedentes, afectaron tanto a la industria de microfinanzas que para entonces ya tenían una presencia importante en el agro.
Acertadas políticas de reestructuración y refinanciamiento en apoyo a los sectores afectados implementadas por las instituciones microfinancieras, hábiles negociaciones con campesinos y productores realmente afectados por factores que les fueron ajenos, hicieron salir a flote tempranamente a clientes e instituciones, con el apoyo decidido de los fondeadores que confiaron en el manejo técnico.
Las microfinanzas incursionaron entonces en varios rubros del ámbito económico del país con muy buenos resultados: en el sector agropecuario con campesinos de subsistencia y finqueros en rubros importantes como café, granos básicos, musáceas, ganado mayor y menor; en el comercio y transporte urbano y rural; en el financiamiento de activos productivos; en la vivienda urbana y rural y hasta en los préstamos de consumo, para lo cual habilitaron un sistema de garantías innovador: además de las fiduciarias, hipotecarias y prendarias tradicionales, aceptaron documentos de derechos posesorios, cosechas almacenadas en pequeños silos, organizaron grupos solidarios y bancos comunales, etc., e implementaron alianzas con organismos y proyectos de asistencia técnica como CLUSA y Technoserve, entre otros.
En ocasiones, destinaron más recursos al agro que los mismos bancos comerciales, dinamizando importantemente el engranaje económico de los municipios del interior del país, aún de los más alejados, como Rancho Grande, Waslala, Wiwilí y El Ayote, para citar algunos ejemplos.
Albert Einstein dijo que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes, y fue lo que, a mi juicio, pasó en este caso: las microfinancieras se vieron tentadas a volver a confiar en esos productores cafetaleros y ganaderos que ya habían “probado el manjar del no pago” contra el Banco Nacional de Desarrollo y resto del sistema financiero estatal.
Así fue que un día vinieron un grupo reducido de productores y comerciantes que, aprovechándose de la crisis económica, la baja del precio del ganado que experimentó el mercado hace tres años y con el respaldo explícito del Gobierno, azuzaron a la clientela de las microfinancieras a desconocer sus obligaciones, creándoles expectativas de que el Gobierno pagaría sus deudas, lo cual no ha ocurrido ni ocurrirá, pues el mismo Gobierno ha negado enfáticamente que comprará deuda alguna de los morosos (LP, 24-Dic-10).
Flaco favor le hicieron a clientes que efectivamente enfrentaban problemas de pago por la baja coyuntural de sus ingresos, que habrían podido sin muchos problemas negociar arreglos satisfactorios de pago con las microfinancieras sin que les cortaran el refinanciamiento salvador, como ya había ocurrido a finales de los noventa e inicios de la década pasada.
Ahora, en las centrales de riesgo figuran en la lista negra, nadie les da financiamiento, ni siquiera en las pulperías de sus barrios, y los pocos proveedores que les quedan a algunos comerciantes han reducido sus créditos. Las propiedades de unos dos mil productores ya no les pertenecen porque las subastaron en juicios por sus deudas y, aunque continúan en posesión de ellas con la complicidad del Poder Judicial, no pueden ofrecerlas de garantías, ni venderlas, ni heredarlas. Incluso, ni siquiera se animan a hacerles mejoras por la certeza de que un día, por muy remoto que sea, serán desalojados cuando el actual Gobierno deje de serlo.
Tal es el nefasto legado del movimiento de No Pago.
El autor es economista y abogado y notario público.
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