TEGUCIGALPA/ACAN-EFE
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) informó ayer, al presentar su informe sobre la crisis en Honduras en 2009 que “todos los actores gubernamentales y estatales involucrados actuaron fuera de los límites de la Constitución (…)”.
El 28 de junio de 2009 el entonces presidente Manuel Zelaya fue derrocado por los militares, cuando pretendía celebrar una consulta popular con miras a una Asamblea Constituyente para buscar su reelección. La Comisión dijo que Zelaya “atentó contra las normas constitucionales” para instaurar “un nuevo régimen” con su pretensión.
La Comisión concluyó que lo ocurrido ese día fue “un golpe de Estado” y que la designación de Roberto Micheletti como gobernante, ese mismo día, por la Asamblea Nacional, “fue ilegal“, porque ese poder no tenía “atribuciones para destituir al presidente ni para nombrar al sustituto”.
Zelaya amenazó al Parlamento con una “ruptura constitucional” en enero de 2009 si no se elegía como magistrados de la Corte Suprema de Justicia a abogados que no estaban entre los 45 candidatos oficiales, indicó el informe.
La Comisión presentó su informe ante el presidente Porfirio Lobo y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, entre otras autoridades.
El coordinador de la Comisión, el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, denunció que la crisis causó 20 muertos, 12 de los cuales atribuyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas, e indicó que los otros “fueron asesinados selectivamente”.
La Comisión recomendó que el Estado de Honduras investigue, procese y sancione “las violaciones a los derechos humanos desde el 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010“, cuando asumió Lobo.
También aconsejó crear la figura del juicio político en la Constitución, limitar las funciones de las Fuerzas Armadas, evaluar a los magistrados del Poder Judicial en casos de violación de los derechos humanos, y que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se someta a una investigación sobre su actuación en la crisis, entre otras.
La Comisión cuestionó que la OEA y la comunidad internacional mostraron “un bajo nivel de efectividad” para prevenir la crisis.
Lobo se comprometió a respetar las recomendaciones e Insulza admitió el señalamiento contra el organismo hemisférico.
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