No hay tal comisión de evaluación.
Finalmente el abogado orteguista Rafael Solís y el magistrado Manuel Martínez, los principales operadores políticos del FSLN y el PLC en la Corte Suprema de Justicia, eran quienes ayer intentaban ponerse de acuerdo para elegir a quienes ocuparían los cargos de magistrados de apelaciones.
Según la fuente, arnoldistas y orteguistas estaban en salones diferentes y Martínez y Solís iban y venían con las propuestas.
El proceso oficialmente continúa con el “arduo” trabajo de los magistrados miembros de la Comisión de Evaluación, formada por las sandinistas Ligia Molina y Yadira Centeno y los liberales Martínez y Edgar Navas. Hasta ayer no ofrecieron información de los resultados obtenidos.
Sin embargo, se han empezado a conocer los entretelones.
De acuerdo con la lista de candidatos, 15 eran afines al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y 13 al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aunque algunos liberales servirían supuestamente a los intereses del partido de gobierno.
De los 28 aspirantes, a nueve se les venció su período entre 2009 y 2010 y al resto el pasado domingo.
La comisión evaluadora compuesta por dos liberales y dos sandinistas suponía la igualdad a la que aspiraban los arnoldistas para mantener, al menos, la misma cuota de poder en los tribunales de apelaciones.
Pero el impasse en el proceso de nombramiento coincide con la intención del FSLN de aumentar su control en los tribunales de apelaciones del país, lo que le daría mayor poder según analistas.
El magistrado Manuel Martínez señaló que los tribunales de apelaciones son el único lugar donde los sandinistas no tienen control total.
A la vez reveló que cuando la Corte comenzó a funcionar ilegalmente con seis magistrados orteguistas, despidieron a jueces y registradores de tendencia liberal.
Según Martínez, el orteguismo controla ahora más del 80 por ciento del Poder Judicial.
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