La violencia política dirigida desde las estructuras del Estado es uno de los recursos que usa el presidente Daniel Ortega para conseguir la reelección en noviembre.
Desde 1990 hasta 2006, cuando se realizó la última elección presidencial en Nicaragua, a Ortega le ha costado conseguir el 40 por ciento de los votos válidos; y por ser ese su techo electoral, le conviene siempre que más votantes se abstengan, seguro de que estos nunca serán del grupo de sus seguidores, quienes se caracterizan por ser los primeros en ir o ser llevados a las urnas.
Por eso vemos el abierto interés del partido de Ortega, el Frente Sandinista (FSLN), por obstaculizar la entrega de la cédula de identidad a ciudadanos que se identifican con sectores de la oposición o actúan con tal independencia que al final podrían votar por candidatos opositores.
A la vez, el FSLN ha usado la violencia para intimidar a la población, impedir protestas y tratar de que, al final, hasta ciudadanos con cédula desistan de ir votar por miedo o por creer que Ortega ejerce tanto dominio que será difícil vencerlo en las urnas, porque si pierde altera los resultados a su favor.
Las turbas, formadas sobre todo por jóvenes, fue uno de los primeros instrumentos represivos que puso a funcionar el FSLN al volver Ortega al poder en enero de 2007; y como soporte creó los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), financiados con dinero del Estado, para vigilar y controlar a la población en cada barrio.
En diferentes ocasiones que han aparecido las turbas orteguistas, para golpear y disolver a manifestantes de partidos de oposición o de organizaciones de la sociedad civil, ha sido evidente la utilización de empleados públicos y jóvenes para cometer las acciones violentas.
De alguna manera esas respuestas violentas del régimen de Ortega hicieron disminuir las protestas ciudadanas a partir del año 2010, pero las amenazas siguen latentes y las turbas pueden desatar su furia en cualquier momento contra los nicaragüenses que salgan a la calle a exigir, por ejemplo, la cédula de identidad y la observación electoral.
Como un grupo de jóvenes hacía protestas frecuentes frente al Consejo Supremo Electoral, el FSLN plantó allí a otro grupo de jóvenes que dijeron que acamparían en pro de la paz. Sin embargo, cuando los primeros volvieron para exigir elecciones transparentes, los acampadores del FSLN los expulsaron con violencia. Ya llevan meses allí, con la única misión de impedir que se acerque algún opositor o crítico del gobierno.
Un organismo no gubernamental, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), ha pedido a los candidatos presidenciales firmar el compromiso de dejar de usar a jóvenes en acciones violentas. Pero Ortega, quien debería dar el ejemplo por ser el presidente, ni siquiera admite que sus subordinados reciban a los promotores de la iniciativa pacifista, a pesar de que él repite en sus discursos que quiere la paz.
Su actitud refleja la soberbia de creerse todopoderoso, capaz de violar hasta la Constitución del país para buscar una segunda reelección; y confirma que la violencia es uno de los recursos con que “compite” en las elecciones, replegando a votantes adversos.
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