El concejal Luciano García ha sido condenado a pagar 800,000 córdobas que equivalen a 20 meses del salario que devenga, que según afirma, es de 40,000 córdobas, por el hecho de haber pedido que la Contraloría amplíe su investigación sobre la sustracción con fines ilícitos de un monto de 3.5 millones de córdobas que salieron de la Alcaldía por medio de 31 cheques con la firma del todopoderoso secretario general de la comuna, Fidel Moreno.
Pero el juez Ernesto Rodríguez fue “magnánimo” y rectificó su sentencia condenatoria, solo en lo referente a la multa confiscatoria, que ahora no será de 800,000 córdobas sino de 431,906.66, es decir, como quien dice, ahora si hizo cálculos “matemáticos” y no con un sesgo político, como se podría presumir por el redondeo de cinco ceros.
El juez no rectificó en todo lo demás, que más bien parecía un juicio sumario de los “Tribunales de Justicia Antisomocistas” o al mejor estilo de la “justicia” que aplicaba Cornelio Hüeck en los tiempos de la dictadura somocista los sonados casos de injurias y calumnias contra mi padre y contra la prensa libre.
Al acusado por “injurias y calumnias” el juez Rodríguez no le permitió presentar siquiera pruebas ni testigos a su favor, porque no hacían falta: antes de entrar al recinto de injusticia, ya estaba condenado con anticipación, porque había tocado a un “intocable” que ni la Contraloría General de la República ni la Procuraduría General de Justicia se atreven a preguntar por qué Moreno firmó los 31 cheques con que defraudaron la comuna, es decir, los impuestos que pagamos todos los managuas por 3.5 millones de córdobas.
Este es un caso más inverosímil de los tantos que se dan en Nicaragua, donde a menudo somos testigos de la veracidad del dicho “que las palomas le disparan a las escopetas”.
Aparte de lo desproporcionada que es la multa, que más bien pareciera un intento de confiscar los bienes de García, quien aún reducida a la mitad de la cifra inicial, tendría que vender o subastar sus propiedades para pagar dicha multa, llama la atención que la parte acusadora la lleve precisamente quien debería de estar siendo investigado por su responsabilidad al haber firmado dichos cheques.
Quien sabe qué razones de peso habrá tenido el secretario general de la Alcaldía para firmar tantos cheques cuestionados, porque es razonable y posible que se equivoque una vez, como se equivocó el juez Rodríguez, según él mismo admitió, cuando inicialmente calculó la multa a García, pero equivocarse 31 veces es mucho menos probable.
Este juicio a Luciano García viene a confirmar, una vez más, que el sistema judicial en Nicaragua, lejos de impartir justicia, cuando se trata de asuntos políticos imparten órdenes que bajan apresuradamente desde las alturas del poder.
El concejal Luciano García no tuvo más remedio que recurrir a la ironía, al buen humor, mostrando un billete de diez millones de córdobas que circuló durante el primer gobierno de Ortega, con el cual le hubiera dado para pagar la multa (ya reducida) 23 veces y todavía le hubieran dado vuelto.
Así las cosas, se ha anunciado una colecta nacional para pagar la multa orteguista peso a peso, llamada “el peso de los indignados”, una colecta así ya se habían dado en el pasado, en respuesta a las multas impuestas por el régimen somocista.
Finalmente, en cuanto a Leonel Teller, el otro concejal opositor que tiene cuatro juicios pendientes de sentencia, en su descarada parcialización el juez que conoce la causa le ha quitado incluso hasta su abogado defensor, por tanto no creo que él pueda esperar un mejor resultado que García. Con ambos quiero solidarizarme y contribuir con mi granito de arena, como ciudadano y como demócrata, a pagar las injustas y arbitrarias multas que les han sido impuestas.
El autor es diputado.
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