Una vez más ha mentido la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esta vez a la Diócesis de Granada, al garantizarle al obispo monseñor Jorge Solórzano que investigarían a los jueces implicados en un juicio ilegal sobre la propiedad de una capilla en la isla de Ometepe, donde tres jueces se confabularon para arrebatarla a la provincia eclesial.
Según el divulgador de la CSJ, Roberto Larios, no se abrió ningún proceso contra los jueces que actuaron de mala fe. “El obispo Solórzano negoció con los magistrados y entiendo que el problema se resolvió, por eso no se suspendió a los jueces implicados”, dijo. Sin embargo, lo que demandó monseñor Solórzano con su denuncia ante el Poder Judicial fue una investigación y suspensión de los jueces que actuaron de irresponsablemente en contra la Iglesia.
El obispo Solórzano manifestó que la Corte Suprema miente porque él jamás negociará nada que perjudique a la población. “Yo sigo demandando la investigación de esos jueces, la justicia en Nicaragua anda mal, se le siguió un proceso a la Iglesia sin ni siquiera notificarla, como le irá al pobre pueblo que no tiene recursos para defenderse”, explicó.
En relación con los derechos de los procesados el arto. 34 de la Constitución Política de Nicaragua aclara en su inciso 4 que “se garantiza su intervención y defensa desde el inicio del proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.
Sin embargo, la mayoría de jueces y magistrados violan la Carta Magna, como lo hicieron la juez sandinista del Juzgado Primero Civil, Donaji Meza Pérez; el exasesor legal de la Alcaldía de Granada, juez suplente de Juicios de Granada Camilo Bermúdez y el juez de Tipitapa, Felipe Jaime Sandoval, quienes promovieron el juicio contra la Diócesis de Granada.
¿Cómo es posible que además de ser jueces litiguen? Eso va en contra de la población, ellos no deberían llevar un proceso contra ninguna persona natural o jurídica, ni traficar con sus influencias en el poder judicial en juicios que llevan como notarios públicos.
En el caso de la Capilla del Niño Jesús de Praga de la comunidad Chacote, en la isla Guanábana, de Granada, el juicio contra la Diócesis fue ilegal porque, según el representante de monseñor Jorge Solórzano, la Policía le informó unas horas antes del desalojo por mandato de la juez Meza Pérez, y hasta entonces se dio cuenta del juicio que se le llevó por más de un año.
Los tres judiciales son juez y parte en este proceso, ya que las tierras supuestamente le pertenecen al juez de Tipitapa Felipe Jaime Sandoval y se las vende a un pariente de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
La CSJ miente y apaña a gente que tendría que estar en el banquillo de los acusados por sus fallos y errores, sin embargo continúan en los cargos por favores políticos. De modo que se confirma lo que ha dicho el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, acerca de que Nicaragua está en un atolladero porque la clase política ha distorsionado el rol que le toca jugar en la sociedad.
“Uno de los grandes males que vive actualmente la sociedad nicaragüense es que la política se ha vuelto una carrera, se ha vuelto un modo de vivir. Lamentablemente, ya es casi como un mal cultural en nuestra sociedad que hay que desarraigar”.
¡Que Dios bendiga a Nicaragua!
La autora es periodista.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
