La Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional aprobó por mayoría que se cite a las autoridades de la Dirección General de Ingresos (DGI) para que expliquen en qué punto se encuentran las investigaciones por las irregularidades en la cartera tributaria devenidas durante la administración del polémico Walter Porras Amador.
La propuesta de esta citatoria fue hecha por la presidente de esta comisión, la diputada Miriam Argüello, quien actualmente se encuentra distanciada de la bancada sandinista, debido a su rechazo a la ilegal candidatura del actual presidente, Daniel Ortega.
- Un informe de la Dirección de Auxilio Judicial y la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional filtrados al Diario LA PRENSA conecta a Walter Porras Amador con una red de extorsión a empresarios, conformada con gestores cercanos al Frente Sandinista y apoyándose en las estructuras de la DGI.
[/doap_box]
La resolución aprobada por una mayoría simple es el segundo intento de la diputada Argüello y algunos parlamentarios opositores, por escudriñar un poco en el desfalco ocurrido en la DGI, el cual a la fecha todavía sigue sin esclarecer y sus responsables no han respondido ante las autoridades.
El primer intento fue la convocatoria a los contralores de facto hecha por la misma Comisión de Probidad, resultando en un rotundo fracaso, luego que los titulares del ente fiscalizador decidieron abandonar la reunión debido a que la diputada Argüello les dijo en su cara que no los reconocía como funcionarios legítimos.
“Esto ya fue aprobado y solo falta definir la fecha, lo cual no pudo ser discutida debido a que estamos a una semana de entrar en el receso parlamentario. Luego del receso, es un hecho de que vamos a citar a los funcionarios de la DGI, empezando por su actual director. A ver si podemos llegar al fondo de esto, ya que no pudimos lograr nada con los señores contralores”, dijo vía telefónica la diputada Argüello.
El capitán en retiro de la Policía Nacional, Martín Gustavo Rivas Ruiz, fue quien asumió la dirección de la DGI, luego que el presidente despidiera a Porras Amador, quien en los círculos gubernamentales era llamado “el funcionario más servil” de la administración pública.
Además de la molestia de los contralores por las aseveraciones de la diputada Argüello, esta convocatoria también fue boicoteada por los diputados Douglas Alemán, de la bancada sandinista, y Eliseo Núñez, del Partido Liberal Constitucionalista.
“Fue una verdadera lástima lo que sucedió en la sesión con los contralores, porque el tema allí era ver lo que estaba pasando en la DGI y no si ellos se sentían cómodos con que no fueran funcionarios legítimos”, agregó la parlamentaria.
Actualmente el caso DGI se encuentra en un punto muerto. La Policía Nacional se ha desentendido de la investigación y la Contraloría General de la República actualmente está en proceso de ejecución de tres auditorías, las que pueden llevar tres meses.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
