ATLANTA/AP/EFE
El gobernador del estado sureño de Alabama, Robert Bentley, promulgó ayer la ley antiinmigrante HB 56, considerada una versión más “dura” de la SB1070, la legislación de Arizona que criminaliza a indocumentados.
- El Gobierno mexicano lamentó ayer la promulgación de una ley antiinmigrante en Alabama.
La Secretaría de Relaciones Exteriores abrió un proceso de “análisis jurídico para determinar posibles acciones en apoyo a mexicanos que pudieran verse afectados”, así como “una estrategia de protección preventiva para mantener debidamente informada a la población mexicana” residente en Alabama.
[/doap_box]
La medida de Alabama, que entraría en vigor el 1 de septiembre, indica que la policía podrá exigir los “papeles” a quienes detenga por infracciones de tráfico y otros delitos menores y sospeche que están en el estado de forma ilegal. En ese caso, los detenidos afrontarán cargos por el crimen de no portar un permiso de residencia.
Asimismo, exige a las escuelas públicas del Estado determinar el estatus migratorio de los estudiantes, además de que deberá entregar informes a la Junta Estatal de Educación sobre el estatus migratorio de los alumnos y niega el acceso a educación universitaria a inmigrantes indocumentados.
Además, penaliza a quienes transporten a un indocumentado y exige a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados. La legislación también impide que las ciudades de Alabama puedan aprobar leyes locales en contra de que la policía haga cumplir las leyes federales de inmigración.
“Esta ley, firmada por el gobernador Bentley, va mucho más lejos que la controvertida ley (de Arizona)”, expresó a los medios Mary Bauer, directora legal del Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC). Bauer calificó la medida de “inconstitucional“, “racista” y “mal intencionada”, y manifestó que “vamos a entablar un litigio para desafiarla y esa es la postura de otras organizaciones”.
Sobre la nueva ley antiinmigrante en Alabama, la Casa Blanca reiteró ayer la necesidad de lograr una reforma migratoria exhaustiva.
En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, indicó que “seguimos buscándola y creemos que se puede lograr un consenso entre los dos partidos para lograr esa reforma”.
La mayor organización en favor de los derechos civiles en el país, ACLU, anunció que presentará una demanda contra la nueva ley.
Alabama tiene unos 120,000 indocumentados, que representan un aumento de cinco veces respecto a una década atrás, según la organización Pew Hispanic Center. Al parecer muchos laboran en granjas, plantas procesadoras de pollo y en la construcción.
La ley fue aprobada la semana pasada en el Senado estatal por un margen de 25-7, días después de que lo hiciera la Cámara de Representantes estatal también por amplia mayoría. Ambas cámaras de la legislatura estatal quedaron bajo control de los republicanos en noviembre de 2010.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
