Ayer se cumplieron 79 años del comienzo del fin de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Ese día de 1932, John D. Rockefeller Jr., un vociferante partidario de la abstinencia llamó a dejar sin efecto la Decimoctava Enmienda de la Constitución en una carta publicada en The New York Times. Rockefeller había gastado cientos de miles de dólares haciendo lobby para la prohibición constitucional del alcohol. Pero en su carta hizo más que admitir el error de su inversión. Debido a su autoridad moral en el asunto, terminó efectivamente con el tabú conservador contra la admisión de que todo el experimento había fracasado.
Rockefeller no había cambiado su punto de vista respecto a la capacidad destructiva de la bebida y pedía “apoyo a medidas prácticas de promoción de abstinencia genuina”. Pero insistía en que levantar la prohibición era esencial si Estados Unidos iba a “restaurar el respeto público por la ley”.
El cambio de opinión de Rockefeller me vino a la mente la semana pasada cuando el exsecretario de Estado, George Shultz; el expresidente de la Reserva Federal, Paul Volcker; el secretario general de la OTAN, Javier Solana; tres expresidentes latinoamericanos provenientes de Brasil, Colombia y México, y el actual primer ministro de Grecia (entre otros) presentaron un informe conjunto —bajo el nombre de Comisión Global de Políticas sobre Drogas— en el que consideraron un fracaso la guerra contra las drogas y en el piden un nuevo paradigma en la actual política contra ellas.
Al igual que Rockefeller, los integrantes de la comisión no están a favor de una política liberal hacia el uso de drogas. Pero reconocen, como él hizo, que el intento de usar la fuerza para detener el consumo ha sido desastroso. Recomiendan enfoques alternativos para controlar las sustancias y un mayor énfasis en el tratamiento de los adictos.
Los paralelismos entre la situación que enfrentó Rockefeller y la actual escandalosa guerra contra las drogas son dramáticos. El rico filántropo comenzó su campaña contra el alcohol con grandes expectativas. “Cuando la Decimooctava Enmienda fue aprobada sinceramente esperaba —con una serie de partidarios de la abstinencia— que en general sería apoyada por la opinión pública” y, escribió, que las conductas abstemias se arraigarían con el tiempo.
“Que ese no ha sido el resultado sino que el consumo de bebidas en general se ha incrementado; que el speakeasy (como se conocía a los bares clandestinos cuando el consumo de alcohol estaba prohibido en EE. UU.) ha sustituido a las cantinas, no solamente unidad por unidad, sino que probablemente se ha duplicado, si es que no se ha triplicado; que un amplio ejército de violadores de la ley ha sido reclutado y financiado a una escala colosal; que muchos de nuestros mejores ciudadanos, molestos por lo que consideran como una violación a sus derechos privados, han abierto y descaradamente incumplido la Decimoctava Enmienda; que como inevitable resultado el respeto por toda ley ha disminuido grandemente; que el crimen se ha incrementado a un grado sin precedentes, lenta y renuentemente he terminado creyendo”.
¿Les suena familiar? Casi 100 años después de que se prohibieran las drogas, los niños de escuelas dicen que fácilmente pueden acceder a narcóticos y las encuestas indican que son utilizados en todas las clases sociales. Un artículo del 23 de mayo de The Economist informaba que Canadá ahora supera a México como vía de entrada a EE. UU. para la droga “éxtasis”. Las cárceles estadounidenses están recibiendo cantidades récord de jóvenes integrantes de las minorías y los están convirtiendo en delincuentes habituales; la violencia de las pandillas está aumentando; el crimen organizado está socavando los intereses geopolíticos de EE. UU. en lugares como México, América Central y Afganistán. Miles de inocentes, incluyendo niños, han muerto en la confusión.
Habiendo producido nada más que dificultades para los más vulnerables, falta de respeto al Estado de Derecho, terror en ciudades que eran pacíficas y oportunidades de obtener ganancias para los gángsteres, los combatientes de las drogas ahora quieren militarizar la frontera sur de EE. UU.
Si es que la historia sirve de guía, dice Angelo Codevilla en un ensayo llamado “Our Borders, Ourselves” (algo así como “Nuestras fronteras, nosotros”) publicado en una reciente edición de Claremont Review of Books, “esto no va a terminar bien”. Miren lo que ha pasado, advierte, en la Guerra del Peloponeso cuando las hostilidades se desataron en las puertas de Atenas: “Habiendo perdido una frontera amistosa, Atenas se volvió hacia adentro tratando de asegurar una no amistosa”.
La frontera es hostil no porque haya demasiadas pocas vallas, aviones o soldados, sino porque el hábito de consumo estadounidense financia a los narcotraficantes. “Esos dólares, y nada más, son responsables por el casi colapso de la ley y el orden al sur de la frontera y por la insuficientemente publicitada corrupción al norte de ella”, escribe.
Nos hemos encontrado con el enemigo y somos nosotros, dice el académico del Instituto Claremont. “Incluso si toda nuestra frontera sur estuviera completamente cerrada eso no haría nada para cambiar el hecho de que las drogas que alteran la mente se han vuelto moral y políticamente aceptables para el grueso de la sociedad estadounidense”, considera.
Los estadounidenses podrían reducir la demanda, quizás a través de la educación y estigmatizando el uso, como se hizo con los cigarrillos. Pero hasta entonces, la victoria es improbable. Como hace notar Codevilla, “La suposición de Estados Unidos de que limitar la oferta puede de alguna forma hacer seguro para nosotros el tolerar el extendido abuso de las drogas ha probado ser en sí mismo un narcótico formador de hábitos que ha reducido nuestra sensibilidad a la pudrición moral”. Rockefeller no lo podría haber dicho mejor.
La autora es periodista estadounidense. Artículo publicado en The Wall Street Journal.
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