SAN SALVADOR/AGENCIAS
- El presidente de Guatemala, Álvaro Colom y su homóloga de Costa Rica, Laura Chinchilla, afinaron ayer, en San José, los detalles de un plan conjunto de seguridad que será presentado a donantes como Estados Unidos y la Unión Europea en una Conferencia Regional de Seguridad, en Guatemala el 22 y 23 de junio.
El mandatario afirmó que el plan tiene un enfoque regional, pero contempla las diferencias y necesidades de cada país.
Algunas acciones que mencionó Colom son el establecimiento de una base de datos con las matrículas de los vehículos en el istmo, la construcción de cárceles regionales de máxima seguridad y la revisión de los marcos legales con el objetivo de homologarlos.
El gobernante resaltó también la importancia de golpear la acción del crimen organizado desde sus actividades financieras, estableciendo mayores controles para prevenir y detectar el lavado de capitales.
Por su parte, Chinchilla, reiteró la necesidad urgente de que la región cuente con más apoyo de la comunidad internacional para invertir en seguridad.
Recordó que el 90 por ciento de la cocaína producida en Suramérica pasa por el istmo hacia el norte y puntualizó que por cada dólar de cooperación que la región recibe invierte 40 en la lucha al narcotráfico.
Ambos presidentes consideran que la opción de despenalizar el consumo de drogas como la marihuana no es la solución al problema de la región.
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Centroamérica, que acoge desde ayer la 41 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha convertido en la región más violenta del mundo, superada solo por zonas de guerra, según la ONU.
La peor situación de violencia e inseguridad se registra en los países del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), por acción del crimen organizado y de las temidas maras o pandillas, pero las tasas de crímenes vienen en aumento también en el resto del istmo.
Honduras ocupa el primer lugar en homicidios, con 58 al año por cada 100,000 habitantes, seguido por El Salvador con 52, Guatemala 48, según un informe divulgado en 2010 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Más abajo están Belice con 32, Panamá con 19, Nicaragua con 13 y Costa Rica con 11, según el PNUD.
De acuerdo con el PNUD, más de 79,000 personas fueron asesinadas entre 2003 y 2008 en Centroamérica, donde circulan casi tres millones de armas de fuego, dos de cada tres en forma ilegal.
Esta situación provoca pérdidas humanas y económicas: el Banco Mundial estableció en abril que los países centroamericanos gastan el 8 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en el combate de la violencia, lo que frena su desarrollo y mantiene en la pobreza a una gran porción de sus 40 millones de habitantes.
La región es pasadizo de la droga sudamericana en dirección a Norteamérica, que circula en muchos casos con la complicidad de funcionarios corruptos.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, cuyo gobierno se encuentra en una férrea lucha contra el cártel mexicano de Los Zetas que también opera en su país, manifestó ayer que el llamado “Plan Centroamérica”, para el combate conjunto al narcotráfico y crimen organizado “llegó tarde”, pero pese a eso es la mejor opción para garantizar la seguridad en la región.
Colom expresó ayer en Costa Rica que el éxito de los planes Colombia y Mérida en el combate al narcotráfico tuvo una consecuencia que no fue prevista a tiempo: el desplazamiento de los grupos criminales al istmo.
“Antes, cuando la droga solo pasaba hacia el norte casi ni nos enterábamos”, pero esto cambió con el ingreso de las bandas a los países del istmo, pues empezó a almacenarse droga y a incrementarse el crimen y la violencia a lo interno, explicó.
El mandatario aboga por un mayor compromiso de los países consumidores para que asuman su responsabilidad en el problema que el narcotráfico está generando en Centroamérica. Por ejemplo, en Guatemala, entre el 42 por ciento y 48 por ciento de la violencia obedece a la acción de las bandas narcotraficantes, dijo.
Por su parte, el presidente salvadoreño Mauricio Funes, quien ayer inauguró la asamblea de la OEA en San Salvador que busca una respuesta a la inseguridad y el crimen organizado, afirmó en mayo que el crimen organizado es un “enemigo muy poderoso”, que mueve recursos que superan a los que disponen las fuerzas de seguridad.
Los cárteles de la droga que operan en la región tienen ingresos por 100,000 millones de dólares al año, cinco veces más que el PIB de El Salvador, dijo el mandatario.
Además, en el istmo hay unos 70,000 pandilleros que extorsionan a empresarios, transportistas, pequeños comerciantes y familias pobres.
El Banco Mundial calculó que las empresas centroamericanas dedican anualmente el 3.7 por ciento del total de sus ventas a gastos de seguridad o a reponer los objetos robados.
En el istmo hay cerca de 254,000 guardias de seguridad privada, mientras que el número de policías asciende apenas a 89,000.
Además, las cárceles están hacinadas, lo que crea un clima propicio para motines e impide la rehabilitación de los reclusos.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó ayer, al inaugurar la asamblea del organismo, que en América “nos enfrentamos a organizaciones criminales que actúan hacia y desde nuestras fronteras y son responsables del tráfico de drogas (…), del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (…)”, y que desde ese organismo se esperan “decisiones claras” que los países adaptarán en los próximos meses.
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