La disputa por el control de los tribunales de apelaciones y el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones se centra en dos vías. Los orteguistas apuntan al control total o absolutamente mayoritario en dichas instancias, mientras los liberales aspiran a la igualdad en los tribunales, a como se han repartido en el pasado.
Los argumentos son claros. La primera vocal y presidenta de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, señala que la elección de los 30 magistrados de apelaciones deberá hacerse mediante la Ley de Carrera Judicial, que establece un concurso de aspirantes donde serán evaluados por una comisión.
Tal posibilidad es desechada por el magistrado liberal Manuel Martínez, pues considera que ese proceso es una mentira, por no estar conformada debidamente la misma Corte. Asimismo, de acuerdo con el magistrado liberal Gabriel Rivera, esa comisión es controlada por los orteguistas.
La vía que proponen los liberales es la negociación al más alto nivel, en “Corte Plena”, donde estarían 12 magistrados en funciones.
Sin embargo, conforme a la legalidad no habría 12 magistrados en lo que los orteguistas llaman “Corte Plena”, porque son 11: seis orteguistas y cinco liberales.
Pero, además, en este momento no se cumple lo que establece el artículo 163 de la Constitución Política, de que la CSJ debe estar integrada por 16 magistrados electos por la Asamblea Nacional.
Actualmente hay tres usurpadores del cargo público de magistrado, que son: Rafael Solís Cerda, Armengol Cuadra y Dámicis Sirias. Por otra parte, el magistrado liberal Guillermo Selva ya falleció y el magistrado Sergio Cuarezma Terán no se incorpora, por no legitimar los abusos e ilegalidades en la CSJ. Por tanto, conforme a la legalidad, ni siquiera se puede integrar Corte Plena; pero los orteguistas quieren nombrar magistrados de apelaciones a su medida.
Martínez considera que el método está claro en el artículo 164 (inciso 5) de la Constitución, que establece el nombramiento de los magistrados de apelación en esa instancia.
“Si me dicen que vamos a aplicar la Ley de Carrera Judicial, te digo que sí, pero apliquémosla toda, no de repente escogemos esto coyunturalmente, eso no es un proceso serio, que debe ser continuo, estadístico, de escuela judicial, no creás que vamos a buscar un método para saber quién queda o no. Esas son mentiras, sofismos, de eso estemos claros”, dijo Martínez.
Pese al llamado al respeto de la Constitución, el mismo Martínez se mostró a favor de aceptar a los magistrados usurpadores que se amparan en el ilegal decreto 03-2010 emitido por el presidente Daniel Ortega.
“Si ya están de facto, ahí que estén; hombré, hasta eso te acepto, pero ya contra la Constitución ya no voy, eso ya es el colmo”, dijo Martínez en relación con la propuesta de elección de magistrados planteada por los orteguistas.
La magistrada orteguista Ramos, en su última comparecencia, señaló que si los liberales traban la elección, buscarán formas de resolverlo, como lo han hecho en el pasado, es decir, con los ilegales conjueces. En la última crisis los orteguistas incorporaron a siete conjueces mediante sorteo, según ellos, tal como lo establece el artículo 75 de la Ley de Carrera Judicial.
El reglamento de los conjueces fue elaborado por la CSJ, pues la Asamblea Nacional no lo ha aprobado y lo tiene retenido en Junta Directiva desde el año pasado, según el diputado José Pallais, por el control mayoritario del FSLN en ese órgano.
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