El magistrado de facto, Rafael Solís, aseguró que su condición ilegal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no afectó su “labor” ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, donde presentó el anteproyecto del nuevo Código Procesal Laboral. Según él, le manifestaron que ese asunto no les interesaba pues se trata de algo común en todos los países de Europa.
Solís afirmó que por el contrario fue recibido al más alto nivel por el director general adjunto, Eric Schneider y por el director ejecutivo del Sector de Normas, Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT, Guy Ryder.
“En toda Europa eso es normal, todo lo contrario, se lo dije al director general (adjunto, Eric Schneider) y él me dijo, ‘eso no nos interesa, aquí todos los países europeos tenemos las prórrogas cuando no son electos por la Asamblea Nacional y no hay un solo país de Europa que no lo tenga’, me dijo”, expresó Solís.
El constitucionalista Oscar Castillo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upolí), señala que es falso que la condición de hecho sea común en países de Europa y que la extensión de los períodos, por no ser electos desde el Parlamento, se dan únicamente en los países cuyas constituciones así lo contemplan, “que no es el caso de Nicaragua”.
“No es cierto, los europeos no hacen eso y si lo hacen es porque sus leyes lo permiten, el problema es que las nuestras no lo permiten. Ellos se amparan en decir que los europeos también lo hacen, pero no, ellos son respetuosos de las leyes y tienen sistemas de consenso más eficientes”, afirmó Castillo.
Solís aseguró que la propuesta presentada será tramitada por la OIT para hacer las respectivas observaciones con el fin de ayudar a la Asamblea nicaragüense en la legislación laboral.
Según una nota de prensa del poder judicial, Guy Ryder aplaudió la propuesta, pues considera que simplifica el acceso a la justicia laboral en Nicaragua.
El diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, considera que la misión de un funcionario ilegal no abona a que Nicaragua sea reconocida como un Estado cumplidor de sus propias normas constitucionales.
Castillo en cambio señala que la OIT no observa si son funcionarios legales o no, porque solo aplica para misiones diplomáticas o representaciones ante la Asamblea General.
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