El nacional socialista peruano Ollanta Hu- mala y su rival populista de centro derecha Keiko Fujimori finalmente acordaron participar en un debate televisado antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales programadas para el 5 de junio. Quizás el evento que se llevará a cabo el 29 de mayo revele cuán genuinamente comprometido esté cada candidato con preservar, refinar y fortalecer el frágil capitalismo democrático que ha estado sacando al país de la pobreza durante la última década. Esto es, después de todo, la pregunta crucial para los votantes peruanos.
La liberalización ha sido buena para Perú. Su Producto Interno Bruto ha promediado un crecimiento de alrededor de 6.5 por ciento anual entre 2002 y 2010. La pobreza se redujo a la mitad que hace 20 años. El Gobierno abrió los mercados, mejoró la protección de los derechos de propiedad, aumentó la transparencia de las cuentas fiscales y controló el gasto.
Este éxito ha ayudado a sustentar la causa de la libertad latinoamericana en momentos en que el presidente venezolano Hugo Chávez y el grupo terrorista colombiano FARC usan dinero, armas y tácticas ideológicas para intentar derrocar a la democracia y derogar la propiedad privada en todo el continente. Los ideales revolucionarios han encontrado cierto éxito en algunas de las poblaciones más vulnerables de la región. El movimiento bolivariano de Chávez fue instrumental para llevar al poder al antidemocrático Evo Morales en Bolivia. Documentos internos de las FARC indican que las guerrillas ayudaron a financiar la campaña presidencial del caudillo ecuatoriano Rafael Correa. En los tres países, las libertades civiles, incluida la libertad de expresión y un juicio justo, han sido drásticamente acotadas.
Perú ha mantenido a estas fuerzas destructivas en su mayor parte bajo control. Pero el riesgo de un levantamiento revolucionario, en particular en la sierra del sur del país, sigue siendo real. El descontento es latente en importantes comunidades indígenas, donde es menos probable que la gente sea beneficiaria de la modernización económica, y donde la ineficiencia del Estado y la corrupción se traducen en servicios públicos desastrosos. Siglos de tensión racial también persisten en estas zonas, y la fallida guerra contra el narcotráfico de EE. UU. como consecuencia de la constante demanda estadounidense ha alienado más a la población.
Este es el mercado al que apunta Chávez, y también es el terreno donde es más fuerte el partido nacional socialista de Humala, Gana Perú.
Un reciente informe para clientes especiales, titulado “La posibilidad de una insurrección en los Andes del Sur” elaborado por la consultora peruana de seguridad Peace Keeping Solutions (PKS), enumera 14 “actos de insurrección” desde 2004, incluido uno liderado por el hermano de Humala, Antauro, el 1 de enero de 2005, que en su momento fue apoyado por el candidato. El documento señala que si bien las estructuras políticas de Chávez han jugado un rol en fomentar esta agitación, el chavismo “no explica la existencia de ideas izquierdistas y nacionalistas entre 40 por ciento o más de la población peruana”. Eso, sostiene PKS, es el resultado de fuerzas ideológicas dentro de universidades nacionales, organizaciones profesionales, las fuerzas armadas peruanas y algunos partidos políticos.
El chavismo tiene una capacidad limitada de “organizar una insurrección” en Perú, dice PKS. Tal capacidad, sin embargo, es fortalecida por el fracaso del Estado en contrarrestar el radicalismo. La fuerza armada es “indiferente, al borde de la complicidad”, la Agencia Nacional de Inteligencia es “ineficiente”, la administración policial es deficiente, y la inteligencia policial carece de recursos. En tanto, hubo “una actitud permisiva” y por momentos cooperación con activistas militantes por parte de autoridades regionales.
La historia de Humala es parte de todo esto. Se trata de un exoficial de la fuerza armada que forjó su carrera política al apelar al resentimiento de los despojados con discursos demagógicos contra la economía liberal y amenazas de violencia contra el establishment. Humala incluso intentó un golpe militar en 2000, y hay acusaciones creíbles de que aceptó dinero de Chávez en su campaña presidencial de 2006.
La semana pasada Humala intentó distanciarse de su pasado al jurar públicamente sobre una Biblia no desmantelar las instituciones democráticas del país en caso de ser electo presidente. Sus críticos afirmaron que fue un acto de puro teatro y no más creíble que la reciente reescritura de su agenda de políticas. La anterior, de diciembre de 2010, era una proclamación antimercado y nacional socialista de 198 páginas. La nueva tiene ocho páginas de promesas de “combatir la corrupción”, “restablecer la ética pública” y hacer cumplir la ley. Es como si Humala se hubiera caído del caballo en su camino desde Puno.
O eso o acordó cambiar su imagen para poder ser elegido. Lo segundo parece más probable. De todos modos, es ayudado por un puñado de elites peruanas que parecen menos enamorados de él que obsesionados con su odio por el padre de Keiko Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori. Su derrota, parece, sería su venganza, anhelada desde hace tiempo, por su estilo autoritario. ¿De qué otra forma explicar que los llamados partidarios del libre mercado respalden a un candidato nacional socialista que hace apenas seis meses prometía desmantelar el modelo de economía liberal?
Fujimori tiene la gran responsabilidad de defender las medidas que han mejorado el nivel de vida en Perú y de explicar cómo profundizaría las reformas. Mucho depende de su desempeño en el debate. Si al llegar el día de las elecciones los únicos electores motivados son los que quieren saldar cuentas con su padre, el país está en graves problemas.
El debate televisado del próximo 29 de mayo entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, podría revelar cuán genuinamente comprometido está cada candidato con preservar y fortalecer el frágil capitalismo democrático de Perú.
La autora es periodista estadounidense.
Artículo publicado en The Wall Street Journal.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
