Un desmedido abuso de autoridad, represalia y discriminación por razones ideológicas, que ha desembocado en despidos ilegales de unos de 21,000 empleados públicos hasta 2010, así como nuevas contrataciones con “megasalarios”, entre otros, son parte de los señalamientos que la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep) le hace a la administración de Ortega en el documento que presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Bélgica.
La deuda pública generada por sentencias judiciales y pago de prestaciones sociales, a causa de los miles de despidos en el Estado asciende, según la Fedetrasep, a 673 millones de córdobas.
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El informe que presentó esa federación, adscrita a la Central de Unidad Sindical (CUS), pone en evidencia al gobierno de Ortega no solo por la violación al fuero sindical, a la libertad sindical, al derecho de sindicación y de negociación colectiva sino que a convenios y pactos internacionales.
La denuncia fue efectuada ante la oficina de derechos humanos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y la organización sindical de Bélgica, con siglas ACV-CSC, y que es muy influyente en países europeos.
El delegado de la Fedetrasep, Álvaro Leiva Sánchez, destacó también el desacato a las resoluciones administrativas y judiciales por parte de las autoridades de instituciones estatales.
Leiva Sánchez indicó que las organizaciones sindicales con las que se entrevistaron son muy influyentes en sus gobiernos “y esto podría provocar una incidencia de parte de la Unión Europea para Nicaragua”.
Recordó que hay pueblos y gobiernos amigos íntimamente ligados a proyectos de colaboración incluyendo a algunos organismos internacionales.
La organización sindical de Bélgica prometió a la Fedetrasep dar seguimiento a la situación que enfrentan los trabajadores nicaragüenses.
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS Y MENOS SINDICATOS
Leiva también transmitió la preocupación existente por la insistencia del partido de gobierno de obligar a los empleados públicos a través de los llamados Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) a acudir a las rotondas para que participen en propaganda partidaria y el descuento ilegal que les realizan para las actividades partidarias lo que es violatorio a los derechos laborales.
En el informe refirió que a la fecha con el gobierno de Ortega han sido eliminados 116 organizaciones sindicales en diferentes ministerios “por no apoyar la forma con que se está administrando y conduciendo dichas instituciones públicas bajo un contexto de lineamiento y políticas de gobierno erradas”.
En junio próximo también el Estado de Nicaragua debe de presentar un informe ante la OIT, por lo que Leiva Sánchez espera que el gobierno de Ortega ofrezca ante esa instancia una explicación sobre el irrespeto a los derechos laborales de los empleados públicos.
Entre las instituciones públicas que sobresalen en la violación de los derechos laborales destacan según Fedetrasep la Dirección General de Ingresos (DGI), la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
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