La mayoría del pueblo nicara- güense está clara de que la candidatura presidencial del señor José Daniel Ortega Saavedra es inconstitucional, ilegal e ilegítima por más que la trate de legitimar el presidente y magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), rechazando las impugnaciones de los partidos políticos a dicha candidatura.
La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada solo por magistrados orteguistas y otros que no pertenecen a esa sala, sin la presencia de ningún magistrado liberal, emitió una resolución en misa negra, en la oscuridad de la noche, por lo que es viciada y nula.
Por tanto, esta resolución que está viciada desde su nacimiento no puede ser de obligatorio cumplimiento. Ni la legitima tampoco el hecho de ser publicada en La Gaceta, Diario Oficial, porque es ilegal.
Esa resolución es nula porque, además, la Corte Suprema de Justicia no tiene facultad para reformar la Constitución, la que es clara en su capítulo III Poder Ejecutivo. Arto. 147, no podrá ser candidato a presidente ni vicepresidente de la República. Inciso a) el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales.
Es decir, que el señor Ortega Saavedra no tiene ningún derecho de ser nunca más candidato presidencial porque la Constitución vigente se lo prohíbe. Esto está más que clarísimo.
La insistencia de don Daniel Ortega de ser candidato de su partido orteguista solo demuestra desprecio por nuestra Constitución, la cual fue aprobada siendo presidente de la Asamblea Nacional el comandante de la revolución Carlos Núñez Téllez (en paz descanse) y reformada en 1995 con la votación mayoritaria de la bancada sandinista.
El señor Ortega solo demuestra irrespeto a la máxima ley de la República y cualquier resolución que se oponga a la Constitución es nula.
Por otro lado, habiendo terminado su período todos los magistrados del CSE, ya no son magistrados y el presidente Ortega no tiene facultad para nombrar a ninguno de ellos, ni a ningún otro funcionario público que la ley establezca que tienen que ser electos por la Asamblea Nacional. Por tanto, son usurpadores de esos cargos y están cometiendo delito, por el cual tienen que responder en su momento histórico.
Es decir, que las actuales elecciones tienen una convocatoria ilegal por ser un CSE de facto. Por lo que dichas elecciones nacieron viciadas, a pesar que la ley establece que debe haber elecciones para votar por las autoridades del Poder Ejecutivo y por los diputados de la Asamblea Nacional.
Mientras la Constitución Política de la República de Nicaragua no sea reformada, Ortega no puede ser candidato legítimo a la presidencia de la República por su partido.
El “correr de hecho”, como candidato presidencial, solo demuestra prepotencia, autoritarismo, violador de la Constitución Política y del Estado de Derecho y por tanto se pone fuera de la ley y comete delito.
El autor es periodista.
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