E n la mayor parte de la historia de Nicaragua la Policía nicaragüense ha sido instrumento de los gobernantes o partidos de turno. En la segunda mitad del siglo XIX fue predominantemente conservadora. Luego fue zelayista, chamorrista, somocista y sandinista. Sus mandos eran producto de la fidelidad política, no de la competencia de sus miembros. Su misión primordial no era proteger el orden y la ciudadanía, sino los intereses del poder. Devenida en instrumento represivo, estaba lista a usar la cachiporra contra el pueblo. Su único y excepcional período de profesionalización comenzó con la presidencia de doña Violeta en 1990.
En las últimas dos décadas la Policía adquirió un estatuto propio y un profesionalismo sin precedentes. Llegó a mostrar una creciente eficacia en combatir el delito mientras sus mandos entraban, subían y salían, en base a criterios de competencia y conforme a normas de su reglamento interno. Los tres presidentes de la etapa de transición, Chamorro, Alemán y Bolaños, respetaron la institucionalidad y apoliticidad de la Policía. Esta ganó un prestigio sólido. En los conflictos y asonadas callejeras usó la fuerza con una moderación extraordinaria y fue más bien la que puso los muertos en los incidentes más violentos.
Ahora este proceso está en riesgo. Ortega subió con una agenda antigua: partidarizar y someter de nuevo todas las instituciones del Estado. Con este fin comenzó a manipular retiros de oficiales y a nombrar otros buscando cargar los dados a su favor. Aprovechando la potestad que le da la Constitución como jefe supremo de la Policía Nacional, le ordenó proteger a sus manifestantes y fuerzas de choque, prohibiéndoles impedir sus acciones y mantener en cambio neutralizadas o inmóviles a las fuerzas opositoras. Saltando sobre los derechos a la protesta cívica y los reglamentos policiales, recientemente desestimó la solicitud de manifestarse de la oposición, introducida en tiempo y forma, e instruyó a sus fuerzas callejeras ocupar el mismos sitios en el mismo día y hora.
Como agravante, Ortega ha patentizado su afán de permanecer en el poder aunque viole la Constitución. Esto ha producido, y seguirá produciendo, la natural indignación del pueblo que estima la democracia y el respeto a las leyes, y está conduciendo a que Ortega use cada vez más a la Policía como instrumento de contención —como se vio en la última manifestación opositora.
Desafortunadamente las iras que esto ha provocado se han enfocado a veces contra los mandos policiales subordinados y no contra quien desde arriba ordena sus acciones. No es justo. La Policía no es autónoma. Quien está comprometiendo el prestigio, profesionalismo y dignidad de la Policía Nacional es su jefe supremo, el presidente de la república. Él es quien está echando por la borda años de institucionalización que tanto han costado. Más bien es encomiable como en esa situación la comisionada mayor y muchos de sus oficiales han tratado de minimizar el uso de la fuerza, aún a riesgo personal, y evitar escenarios potencialmente catastróficos. Si en la reciente manifestación del 2 de abril los antimotines hubiese cedido a la presión de los millares de opositores enardecidos, estos hubiesen chocado con los aproximadamente 400 motociclistas del FSLN que los esperaban armados de cadenas y armas blancas. (El amor y la paz es solo el eslogan hipócrita de un orteguismo listo para saltar al odio y la agresión).
Ortega ha creado una encrucijada muy difícil. El antimotines de negro, que plantado en la calle enfrenta al opositor, es hermano del primero. Vive de su salario y tiene una familia que sostener. También tiene instrucciones muy precisas y tajantes: cerrarle el paso. Pero el opositor —que también tiene familia y aspira a un futuro digno— no quiere ni puede resignarse a perder su derecho a demostrarse y protestar. Estamos pues ante el umbral de la tragedia que producen los dictadores: no solo violan los derechos ciudadanos, sino que pueden volver enemigos a quienes no lo son, haciendo que tiñan con sangre de hermanos el glorioso pendón bicolor.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
¿Cómo salvar la fraternidad, la policía y la patria? ¿Podrá lograrse sin parar a Ortega?
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
