GUATEMALA/AFP
Abogados y políticos guatemaltecos anunciaron ayer sábado una catarata de acciones legales para impedir que Sandra Torres, ahora exprimera dama de Guatemala, se inscriba como candidata presidencial, luego de haber obtenido el divorcio del mandatario Álvaro Colom.
La asociación de exintegrantes de la Asamblea Nacional Constituyente amenazó el sábado con iniciar un juicio contra el presidente Álvaro Colom, si Torres inscribe su candidatura a la presidencia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “El rompimiento constitucional se podría perfeccionar cuando (Sandra) Torres Casanova presente su solicitud de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). De allí en adelante, añadió, procederá un juicio político en contra del presidente”, afirmó el presidente de la asociación de exconstituyentes, Alfonso Cabrera.
La declaración de los exconstit
uyentes ocurre un día después de que la justicia guatemalteca aprobara el divorcio de la pareja presidencial guatemalteca, lo que allanó el camino para la inscripción de Torres como candidata a la Presidencia.
Cabrera, excanciller guatemalteco, subrayó que la presentación de la candidatura de Torres sería “una tentativa de violación” a la Constitución. “Nuestra misión es velar que no se quebrante la Constitución. Si ocurre esta situación buscaremos apoyo en el Legislativo, para que se proceda el juicio político en su contra”, subrayó.
“Se intenta favorecer con recursos del Estado a un pariente, para promoverlo en la sucesión presidencial, lo que viola el principio de alternabilidad en el poder”, agregó Cabrera.
El divorcio fue solicitado por la pareja con el propósito de que Torres superara una norma de la Constitución que prohíbe al cónyuge del mandatario saliente aspirar a la Presidencia. La carta magna también prohíbe la reelección.
El exconstitucionalista Aquiles Faillace Morán explicó que el marco jurídico para iniciar el juicio contra el presidente se basaría en el artículo 165 de la Constitución, que establece que el Congreso podrá “desconocer al presidente de la República si, habiendo vencido su período constitucional, continúa en el ejercicio del cargo”. Para desconocer al mandatario o declararlo incapaz, física o mentalmente, se necesita el apoyo de dos terceras partes de los diputados, es decir 105 de los 158 legisladores que conforman el Congreso guatemalteco.
El divorcio puso fin a un matrimonio de ocho años, celebrado en febrero de 2003 mediante una ceremonia civil y una religiosa maya. Torres, de 52 años, se autoproclamó como candidata de los pobres al justificar su divorcio con Colom, pero sus detractores afirman que no busca otra cosa que el poder ya que según ellos, ella es realmente la que manda en el actual gobierno.
“Yo represento a los sectores más olvidados y humildes de Guatemala. Esta vez la gente tiene el derecho de ser representada, me critican por lo que hago y no hago, y me han criticado porque me estoy divorciando del presidente, pero me estoy casando con el pueblo”, dijo Torres.
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