El presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, una vez más se salió con la suya. Pese a que no pidió permiso a la Asamblea Nacional para hacer un préstamo por 37 millones de córdobas, sobre el cual no explicó convincentemente en qué fueron utilizados, logró que este dinero fuese incorporado a la deuda pública del país para que este dinero se pague con el impuestos de todos los nicaragüenses en el transcurso del presente año.
Fue el presidente Daniel Ortega quien nuevamente protegió al magistrado de facto Rivas Reyes, al oficializar que los 37 millones de córdobas que este funcionario público prestó, sin autorización de la Asamblea Nacional, al Bancentro, finalmente fuesen transferidos a deuda pública, por medio del acuerdo presidencial 88-2011.
Esto fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial del Estado, del martes pasado.
La Asamblea Nacional ya había adelantado que el Estado asumiría dicha deuda contraída por el CSE que dirige ilegalmente Rivas.
La Contraloría General de la República había advertido a los parlamentarios de la Asamblea Nacional que no aprobaran que esta deuda fuera asumida por la Tesorería de la República, debido a la discrecionalidad con el que el magistrado de facto Rivas usó ese dinero.
FSLN ACOSTUMBRADO A LA FALTA DE TRANSPARENCIA
Sin embargo, la maquinaria política del Frente Sandinista y sus diputados aliados terminaron imponiéndose, pese a la conocida falta de transparencia del magistrado presidente de facto del CSE.
“Autorizar al Ministerio de Hacienda (…) incorpore y registre como deuda pública interna del Estado de Nicaragua la cantidad de 37 millones de córdobas a favor del Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) en concepto de asunción de deuda por préstamo efectuado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), para cubrir déficit ocasionado por el recorte presupuestario asignado a ese poder del Estado”, cita el acuerdo presidencial firmado por Ortega.
Según información oficial, 35 millones son el monto real que el Bancentro prestó al CSE, de acuerdo con el contrato mutuo en córdobas con mantenimiento del valor firmado por ambas instancias el 23 de junio del 2010. Los restantes dos millones son en concepto de intereses.
ROBERTO RIVAS SE JUSTIFICÓ
La única explicación para el uso de este dinero brindada por el magistrado de facto Rivas fue una informal carta enviada el 25 de noviembre del año pasado al presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.
Fue una misiva de solo cuatro párrafos en los que no identifica al banco, no se adjunta soportes documentales. Tampoco las fechas de pago y plazos de interés.
Lo único que se le presentó al titular de la Comisión Económica fue un simple recuadro conteniendo sumas y restas de gastos, sin respaldo alguno.
En esa carta el mismo Rivas demuestra que infringió la misma Ley de Deuda Pública (477) al realizar el préstamo sin aprobación de la Asamblea Nacional. Este dinero, de acuerdo con el magistrado de facto, supuestamente se habría usado para el proceso de cedulación ciudadana.
Según el magistrado de facto, este dinero representaría la contrapartida nacional para un rubro que fue financiado desde 2005 con un monto de 5.6 millones de euros provenientes del Reino de España.
“El monto a pagarse se encuentra presupuestado en la Ley 774, Ley Anual del Presupuesto General de la República de Nicaragua 2011 (…), dentro de la partida presupuestaria denominada “Deuda del Consejo Supremo Electoral con Banco Privado”, añade el acuerdo presidencial publicado en La Gaceta del martes pasado.
Dionisio Palacios, exdirector de Cedulación del Consejo Supremo Electoral (CSE), señaló en diciembre pasado en una entrevista con LA PRENSA que con la decisión de la Asamblea Nacional, de pagar vía Presupuesto General de la República los 37 millones de córdobas que el CSE prestó al banco, se estaría obligando a todos los ciudadanos a pagar dos veces por un documento de identidad.
Dijo que con 37 millones de córdobas se podría cedular a mucha gente en el país porque hay un sistema montado y si la excusa es el costo de las tarjetas de policarbonato, 37 millones son exagerados.
“No veo para qué gastaron una millonada si el pueblo ahora tiene una doble carga, porque si la deuda sale del Estado lo vamos a pagar con nuestros impuestos y aparte hay que pagar 300 córdobas más por obtener el documento de identidad”, explicó en esa ocasión.
Los cálculos establecen que con 37 millones de córdobas se hubiese podido cedular a unas 528,571 personas.
EL ENOJO DEL MINISTRO
La deuda de los 37 millones incluso provocó un “boleo” sobre quién debía asumir la responsabilidad por aprobar esos fondos entre el mismo diputado Gutiérrez y el titular de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara.
Finalmente, cuando la maquinaria política del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional aprobó que el Estado asumiera esa deuda, el ministro Guevara salió molesto del recinto parlamentario alegando ante los periodistas que él ya no tenía nada que ver con esos fondos, ya que los diputados ya habían decidido cómo soportar ese dinero.
Ninguna institución fiscalizadora como la misma Contraloría, el Ministerio Público o la misma Asamblea Nacional han querido profundizar sobre cómo se usaron finalmente los 37 millones de córdobas que discrecionalmente prestó el magistrado Rivas Reyes a Bancentro.
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