Washington/EFE
La “ilegal” reelección que busca el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las elecciones del 6 de noviembre, ha polarizado la sociedad y creado un clima de tensión en el que se ha recrudecido la persecución contra quienes se oponen.
Así lo afirmó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, en una audiencia del 141 período de sesiones que celebra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que recalcó que el “empeño” de Ortega en la reelección “ha polarizado la sociedad y creado un clima de tensión e incertidumbre”.
“Se inscribió con un mensaje de concentración de poder” y promovió la candidatura a la Vicepresidencia del exjefe del Ejército Omar Halleslevens, afirmó.
El actual gobernante aspira a continuar en el poder por cinco años más, pese a que existe una norma constitucional que prohíbe la reelección inmediata, que, sin embargo, fue declarada inaplicable por magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia.
El líder sandinista está en su segundo mandato (2007-2012), tras gobernar Nicaragua en la década de 1980.
Núñez denunció que “la campaña electoral ha recrudecido la persecución contra la sociedad civil”.
Su organización y otras han sido “obstaculizadas y agredidas psicológicamente” por grupos que se identifican como Juventud Sandinista.
Dijo que el Gobierno de Nicaragua está haciendo todo lo posible para “legitimar” la reelección de Ortega.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) afirmó que periodistas y manifestantes que se oponen a la reelección y las actuaciones ilegítimas del Consejo Supremo Electoral (CSE) se han visto afectados por medidas restrictivas.
Mauro Ampié, del Cenidh, recordó que las elecciones en Nicaragua están siendo organizadas por un CSE cuyos magistrados ejercen sus cargos a pesar de que sus nombramientos ya vencieron y que estos avalaron el fraude electoral en las elecciones municipales de 2008.
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