Los nicaragüenses estamos protegidos legalmente por una gran cantidad de derechos y garantías, los cuales son tantos que es imposible retenerlos en la memoria. Sin embargo, en su mayor parte están solo en el papel, porque las autoridades que tienen la obligación de hacer que se cumplan son las primeras en ignorarlos o irrespetarlos. Para muestra basta con mencionar el atropello de Daniel Ortega a la Constitución, que le prohíbe volver a reelegirse pero él impone su capricho. Para eso cuenta con magistrados que en vez de velar por el respeto a la Constitución, como es su deber, más bien ayudan al violador de la norma constitucional —y se convierten ellos mismos en violadores de la Carta Magna—, al dictar una espuria resolución con la pretensión de reformar la Constitución sabiendo que eso solo puede hacerlo la Asamblea Nacional.
El atropello a los derechos y las garantías de las personas, que están consagrados en la Constitución de Nicaragua y en los documentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, va desde lo más grande hasta lo más pequeño. En algunos casos las violaciones no son percibidas claramente por los ciudadanos, porque no afectan su vida cotidiana, aunque en realidad sean monstruosas, socaven los cimientos institucionales de la sociedad y el Estado y amenacen con volver a provocar la violencia política que ya sufrió el país en el pasado por las mismas causas. Nos referimos a la reelección presidencial ilegal e ilegítima, al empecinamiento en detentar en el poder a cualquier costo, al entronizamiento de la dictadura caudillista, partidista y militarista.
Pero las violaciones a los derechos y garantías de los ciudadanos se manifiestan también en cosas pequeñas y perjudican directamente a las personas, hacen insoportables aspectos básicos de la vida cotidiana y vuelven odiosa a la autoridad gubernamental encargada de ejecutar los abusos de poder.
Tal es el caso, por ejemplo, del frecuente bloqueo de las vías públicas centrales de Managua y los obstáculos a la libre circulación, que la Policía impone en cualquier momento, sin previo aviso, en los alrededores de cualquier lugar donde Daniel Ortega hace acto de presencia. Cada vez que Ortega asiste a un lugar, o pasa por cualquier calle o avenida con su extensa caravana de vehículos motorizados llenos de individuos armados, la Policía cierra el tráfico, obliga a los conductores a hacer largos desvíos que los hacen perder tiempo y gastar combustible en exceso, el cual, por cierto, sube constantemente de precio en beneficio del negocio del mismo Ortega y su partido.
Debido a las odiosas barreras de seguridad, circular por la vía pública en los alrededores del parque El Carmen, de Managua, donde están la residencia de Daniel Ortega, su casa de gobierno, el cuartel general de su partido y su centro de poder en general, es un martirio para la gente que vive en las inmediaciones o que obligatoriamente y por cualquier razón tiene que pasar por allí.
Esta es una flagrante y grosera violación al artículo 31 de la Constitución, de acuerdo con el cual “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; (y) a entrar y salir libremente del país”.
Un poco antes, en su artículo 24, la misma Constitución aclara que: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”, lo cual se entiende perfectamente y se acepta con gusto. Pero las movilizaciones de Daniel Ortega no representan los derechos de los demás, ni son por la seguridad de todos los nicaragüenses, ni responden a las justas exigencias del bien común. Por el contrario, los derechos de los nicaragüenses se respetarían más, Nicaragua sería un país mucho más seguro y prevalecerían realmente las exigencias del bien común, si Daniel Ortega no estuviera en el poder cometiendo las tropelías que comete, atropellando la Constitución y la ley, destruyendo las instituciones, restaurando la dictadura, haciendo del Estado un botín, violando en las más diversas formas los derechos y las garantías de los nicaragüenses.
Pero en Nicaragua, a diferencia de Cuba o de China comunista, por lo menos nos queda todavía la posibilidad de protestar. Y todos los ciudadanos que no le deben nada a Daniel Ortega, que viven de su trabajo honrado, que tienen un criterio independiente y quieren vivir en libertad, deberían denunciar esos odiosos abusos de poder y reclamar respeto a sus derechos y garantías. Pues, como dicen los defensores de los derechos humanos, derecho que no se defiende es derecho que se pierde.
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