El Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, podría tener intereses personales creados en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica.
Así lo hizo ver el excanciller de Nicaragua, Norman Caldera, al repasar las razones por las que Costa Rica mantiene su campaña de injurias contra Nicaragua.
“Todo esto forma parte de un patrón de comportamiento en el que está involucrado Oscar Arias. Veamos: él es dueño de un ingenio de azúcar en la Provincia de Limón, que se beneficia de las aguas del Colorado para su irrigación”, comentó Caldera.
A fines del año pasado Arias criticó fuertemente a su sucesora como presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, por no recurrir de inmediato ante el Consejo de Seguridad de la ONU, para solicitar una intervención militar internacional contra Nicaragua, tras iniciarse el dragado del río San Juan, en territorio nicaragüense.
Costa Rica denunció a Nicaragua por daños al medio ambiente, porque supuestamente iba a secar el río Colorado, pero la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desestimó dicha afirmación, cuando dictó medidas cautelares a la demanda que puso el gobierno costarricense contra Nicaragua, por supuesta invasión.
Caldera recordó que Arias “está siendo cuestionado por la Fiscalía de Costa Rica por su participación (según ellos) fraudulenta, en la concesión de la mina de oro a cielo abierto Las Crucitas que de acuerdo con informes de la Fundación Humboldt envenenará con cianuro el río San Juan”.
La ambigüedad Arias aparentemente no es nueva.
El excanciller comentó que “si a eso le sumás que cuando fue presidente (Arias) envió policías de Costa Rica a entrenarse en la Escuela de las Américas (o su sucesor) en Fort Benning, Georgia, y buscó junto con sus ministros un mecanismo para taparlo. Esto de acuerdo con los informes que salen en La Nación originadas en WikiLeaks… O sea que habla de desarme mientras se arma. Se trata de una actuación hipócrita, indigna de un Premio Nobel de La Paz, pero digna de un Oscar”.
Respecto a la posición bélica costarricense, Caldera recomendó que “Nicaragua debería, basado en el punto cuarto de la resolución de la Corte, solicitar a la Corte medidas cautelares adicionales ante la violación por parte de Costa Rica de las medidas cautelares ya dictadas por la Corte”.
Añadió que “Costa Rica debe entender que la Corte puede dictar medidas de protección tanto para el demandante como para el demandado y eso es lo que ha hecho en este caso. La Corte debe especificar que Costa Rica debe de abstenerse de usar amenazas al uso de la fuerza”.
“Esa actitud de Costa Rica, violatoria de la Carta de la ONU, está dirigida contra la Cooperación tradicional que se dirige al pueblo de Nicaragua y no en contra de la Cooperación “Cristiana, Socialista y Solidaria” de Venezuela que, en base a informaciones publicadas por ustedes mismos (LA PRENSA) pasa directamente a engrosar bolsillos particulares o de ONG que no son ni cristianos ni socialistas ni solidarios”, puntualizó Caldera.
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