- Las organizaciones benéficas estadounidense que traen donaciones al país, como sillas de ruedas, encuentran el primer bloqueo en la Aduana del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, donde les retienen los artículos por no presentar facturas.
Por ello, según explica Fonseca, lo que requieren presentar a la DGA son los documentos con el detalle de la cantidad y el tipo de artículo, procedencia y destino en el país.
“Son una serie de pegones a los que nos enfrentamos y que intentaremos que en la nueva Ley General de Aduanas sean superados, al eliminar la discrecionalidad con la que actualmente trabajan los funcionarios”, indicó.
El “principio del que parte la Aduana es que todo importador es ladrón y entonces cuando partís de ahí te equivocás como autoridad”, valoró Fonseca.
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Por Judith Flores y Lucía Navas
MIAMI/MANAGUA
La introducción de mercancías a través del servicio de aduanas de Nicaragua representa un serio problema para comerciantes, agencias de envíos e incluso para organizaciones sin fines de lucro. Las voces que denuncian a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) suenan tanto a nivel nacional como en el exterior.
Por ejemplo las agencias de envíos se enfrentan a multas, excesiva burocracia y hasta pérdidas en los almacenes aduaneros de los artículos que nicaragüenses radicados en Miami, estado de la Florida, de Estados Unidos, les envían a sus parientes en Nicaragua.
La DGA es considerada por la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic) como la institución donde mayores complicaciones enfrentan los importadores y exportadores.
Caconic identifica entre las prácticas de la DGA que más dañan económicamente la cantidad de mercadería que es declarada con duda de valor, lo que evita ser nacionalizada para comercializarse en el país.
Otra práctica son las multas que se imponen al agente aduanero por errores que aparecen en el documento de declaración de la mercancía, lo cual según la actual legislación se debe permitir subsanar.
No obstante a varias agencias aduaneras la DGA les ha retirado la autorización para operar, como mecanismo de presión para obligarles a reconocer el pago que les impone.
Caconic incluye a las organizaciones sin fines de lucro en el listado de quienes padecen con los excesivos trámites burocráticos, reciben multas consideradas injustificadas y obligados a asumir los cobros de miles de dólares exigidos por el tiempo que tardan en los almacenes de la Aduana, mientras logran el desaduanaje de los artículos que van a ser donados, confirma Eduardo Fonseca, director de la cámara.
NO LOGRAN RESPUESTAS
En Miami no hubo respuestas concretas a las demandas de los agremiados en la Cámara de Transportistas Nicaragüenses en el Exterior (Catnex) que se reunieron con el director de asuntos jurídicos de la DGA, Juan José Obando, quien se comprometió a llevar las inquietudes del gremio al director general de Aduanas, Eddy Medrano Soto.
Pedro Reyes, directivo de Catnex, expuso ante Obando la tardanza a la que se ven sometidos entre un proceso y otro para realizar el desaduanaje de la carga, un proceso que demora semanas. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de seguridad y el saqueo que enfrentan mientras la carga permanece en los almacenes aduaneros, una pérdida que deben asumir con sus clientes.
Salvador Castellón, presidente de Catnex, informó que el representante de la DGA se comprometió a revisar una de las multas que Aduana impuso a uno de los agremiados, cuyo monto supera los 14 mil dólares.
De acuerdo con Castellón, el interés de la organización es que la DGA entienda que las agencias de envíos, que en su mayoría ofrecen servicio de transporte de puerta a puerta entre Miami y Nicaragua, no son comerciantes ni contrabandistas.
Castellón dijo que espera poder reunirse en un futuro próximo con el titular de la DGA.
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