El argumento socorrido que usó el estrafalario filibustero William Walker, el 16 de julio de 1856, para justificar la criminal confiscación de propiedades en contra de los nicaragüenses, fue el de que colaboraban con los “enemigos de la república”. 123 años después, en 1979, los sandinistas, a la cabeza de los insurrectos, confiscaron sin piedad, en todo el país, bajo la imputación perniciosa de somocistas, contrarrevolucionarios y enemigos de la república, a miles de compatriotas, forzando, en aquel momento, a los que sobrevivieron a la matanza, convertirse en parias y vagabundos en el exterior.
En efecto, ambas confiscaciones, llenas de similitudes negras y cobardes, provocaron inmediatamente una espantosa pobreza, pues acabaron con los medios de producción, trastocaron profundamente el tejido social y malversaron para siempre los inmensos recursos que generaban riqueza a la nación.
Los invasores guiados por Walter se ensañaron terriblemente en el departamento de Rivas, en aquellas familias que poseían extensas y valiosas propiedades alrededor de la ruta del tránsito. En ese territorio de guerrilla constante confiscó el bucanero rapaz cincuenta haciendas y cien propiedades más, que tras ser tasadas el 19 de julio de 1856, alcanzaron un valor de 753,000 dólares.
Esta decisión, naturalmente, generó repudio y maldiciones de las familias afectadas y alarmó sobremanera a otros propietarios de tierras, que tuvieron, sorprendentemente, noticias del decreto confiscatorio.
El Diario El Nicaragüense, del 27 de septiembre de 1856, publicó la lista de las propiedades confiscadas, las que subastaron en la plaza mayor de Granada el 1 de enero de 1857. Este Diario, naturalmente, lo leían únicamente la élite granadina y difícilmente llegaba a manos de algún leonés o rivense. El país no contaba entonces con telégrafo ni ferrocarril. Los medios de comunicación eran además de primitivos, casi inexistentes.
William O. Scroggs en su libro Filibusteros y Financieros, Colección Cultural Banco de América, cuenta que el presunto plan de aquella piñata filibustera consistió en “recaudar dinero y fomentar la inmigración”, pero básicamente ambicionaba, con semejante fechoría, estimular presuntamente la inversión de capital americano.
El profesor Scoggs expresa vivamente, y cito: “El Nicaragüense, del 27 de septiembre de 1856, contiene la lista de las propiedades confiscadas que el 1 de enero de 1857 iban a ser subastadas en la Plaza Mayor de Granada. Anunciábase la subasta de cuarenta a cincuenta haciendas del departamento de Rivas con valor de trescientos a un mil dólares cada una, y algo así como cien propiedades que eran casas, fincas de ganado, de cacao, de añil, de azúcar, de café y también plantíos de plátanos, con valor de 753,000 dólares”.
Indiscutiblemente, la decisión de confiscar estas valiosas propiedades asentadas en el extremo sur del departamento de Rivas, obedeció a un acto demencial y cobarde de revanchismo, frente a las pulverizantes y sangrientas derrotas que sufrieron las tropas de Walker en la ciudad de Rivas, bajo el fuego nutrido y las acciones individuales y heroicas de los nicaragüenses y los costarricenses.
Ahora bien, sobre este particular —la piñata filibustera— deben establecerse serias y fundadas diferencias y también muchos parecidos con el robo metódico y demoledor que desató en 1979 el Frente Sandinista, en bienes estatales y particulares, hasta la devastadora y arrasante piñata en 1990, cuyo monto se calcula a la fecha en mil setecientos millones de dólares.
Los sandinistas, paradójicamente, fueron más despiadados y crueles con sus compatriotas que los mismos corsarios. William Walter y su tropa aventurera martirizó el suelo patrio en el centro y faja del Pacífico, y al cabo de numerosas y apabullantes derrotas se extinguieron hasta desaparecer. Por el contrario, los sandinistas crucificaron de sangre y despojos al país por todos los costados. Fue más vasto el daño a la economía por el despojo masivo que en 1979 se inició y culminó en 1990. Todo cimiento de racionalidad y civilización claudicó a partir de 1979. Sin embargo ahora, gobernando de nuevo, crispan y llenan de sobresalto la imaginación. Y no es para menos, la gente está asustada, pues la institucionalidad colapsó en el 2010. Cinco años más de gobierno ilegítimo constituiría el premio imperfecto a la demolición que se avecina.
La similitud de estas dos hordas es alucinante. En 1857 los filibusteros organizaron el registro público de títulos que era apenas incipiente y un verdadero caos, para destruirlo en seguida con la inscripción de las tierras confiscadas, que compraron con ventajas individuos provenientes de Estados Unidos y Europa.
A partir de 1979 los vivianes criollos y conspicuos “herederos” de la masa de propiedades confiscadas, no solo destruyeron la esencia y credibilidad del registro público, sino que instalaron a perpetuidad el desorden en sus libros, que agonizan entre tantos alientos promiscuos y la corrupción galopante que abate al personal.
Al final, la muerte o el calabozo inmundo, donde el rastro humano se pierde, fue el epilogo trágico de aquellas familias rivenses que enfrentaron con enormes desventajas a los criminales invasores. Y en el siglo pasado, durante una década de horror, la barbarie, el exterminio y el robo prevalecieron como esencia y política de estado. Y ahora en el 2011, Ortega, cual Atila, demuele sin pudor, hasta los cimientos, todo signo de civilización, rodeado de refocilados cómplices que eructan vergüenza e ignominia.
El autor es abogado.
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