Cuatro cartas dirigidas al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, pidiendo una cita no han tenido respuesta.
La madre de las víctimas de violación y pornografía infantil, delito que se le imputa al oficial del Ejército Francisco José Barbosa Miranda, no ha logrado que Avilés le conteste.
En las cartas dirigidas entre el 2 de febrero y 8 de marzo del presente año, la madre le señala a Avilés la preocupación por temor a un posible respaldo que esa institución le pueda proporcionar en el proceso al hasta hace poco coronel del Ejército.
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“En nombre de mis hijas de 21, 12 y 5 años y en el mío propio, con gran dolor le escribo para ponerle en conocimiento que mis tres hijas fueron víctimas de violencia agravada, pornografía infantil y explotación sexual de quien hasta el lunes 7 de febrero del presente año fuera mi cónyuge”, refiere la madre de las víctimas.
En las cartas, la afectada le manifiesta a Avilés que para ella no está clara la condición de retiro en que está el sospechoso, “porque siempre se supo que debido al accidente que había sufrido en julio del 2010 se encontraba suspendido de sus labores por rebaja de servicio”.
CONDICIÓN DE RETIRO
Consultado el jefe de Relaciones Públicas del Ejército, coronel Juan Ramón Morales, explicó que el oficial está en condición de retiro, “condición que adquirió al cesar sus funciones como militar activo en nuestra institución castrense”.
Morales alegó que el retiro de Barbosa estaba previsto a efectuarse en noviembre del 2010, pero tras el accidente que éste sufrió “y por consideración a su estado de salud se le prolongó su retiro hasta el 28 de enero del 2011”.
La madre de las víctimas denunció que un día después de esa fecha que según el Ejército ordenó el retiro del coronel, éste compareció en actividades como oficial activo de esa institución. Como prueba tiene entrevistas concedidas a medios locales sobre el libro la historia de la institución militar del cual es autor. Según Morales, Barbosa “cesó en sus funciones el 12 de julio del año 2010” y el retiro se hizo efectivo el 28 de enero del presente año.
Morales dijo que los motivos por los que esa institución militar no esperó el fallo de los juzgados de Managua, que lleva un proceso civil contra Barbosa, para determinar si ameritaba baja deshonrosa o retiro, es porque en “el Ejército de Nicaragua se implementan las políticas de retiro según los parámetros establecidos en nuestras leyes, reglamentos y normativas”.
Y agregó: “En el caso del oficial Barbosa, la institución no tiene nada que ver con su situación particular”, dijo Morales.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
