La Corte Suprema de Justicia de Argentina, por unanimidad, dispuso que el Estado —en el caso el gobierno de Cristina Kirchner— no podrá seguir discriminando con la publicidad oficial a los medios que edita la editorial Perfil de ese país. Esta había reclamado judicialmente ante la persecución de que era objeto en ese sentido por parte del gobierno por mantener una línea periodística independiente.
El dictamen ampara solo a los medios que edita la empresa reclamante —el diario Perfil y la revista Noticias , entre sus principales—, pero desenmascara inapelablemente a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los que a través de los años abusando del poder del Estado han violado flagrantemente la libertad de prensa sancionado o castigando, por la vía de la publicidad oficial, a los medios y periodistas según sean sus conductas editoriales e informativas.
El uso de la publicidad oficial como instrumento de presión contra los medios de prensa es una práctica cuyos orígenes habría que ubicarla muy a fines de los setenta, durante las dictaduras militares, y en particular la de Uruguay, donde un Estado sobredimensionado con grandes empresas públicas lo transformaba en el mayor avisador. Las primeras denuncias sobre “el uso de la publicidad oficial para atacar la libertad de prensa” resultaban casi exóticas. No faltaban las acusaciones de que se estaba defendiendo “los avisos de las empresas”.
Hoy ya nadie tiene dudas de que no solo se trata de un ataque a la libertad de prensa, una forma indirecta de censura o muy directa para generar la autocensura de los hombres de prensa, no incruenta o que los lleve a la cárcel o al destierro como otrora, pero si en el corto y mediano plazo quizás más efectiva. Pero el mecanismo, además de atacar la libertad de expresión en todo lo amplio que ella abarca —no hay que olvidar que es la libertad custodio de las restantes— corroe todas las columnas que sustentan el edificio de la democracia. La publicidad oficial puede transformarse en una forma disimulada y en casos ni tanto, de compra de votos. Esto es, no cuando se la niega a medios periodísticos independientes que se manejan con profesionalidad, o a medios opositores, sino cuando se le regala a “manos llenas” y se le paga a muy buen precio a medios que posan de independientes, pero que ocurre que su “compromiso social” coincide con el del gobierno, y que se transforman en un “aviso” permanente y global del benefactor y, por supuesto, en factores claves en las campañas electorales, y para justificar la legitimidad democrática y los atropellos a las libertades de sus patrocinadores, que normalmente, —oh paradoja— son defensores de los DD. HH. Y ni que hablar de la publicidad oficial otorgada a los medios partidarios, cuya circulación, rating, penetración, credibilidad y otros detalles técnicos poco importan, a los cuales se pueden volcar recursos sin límites que pueden servir para financiar todos los actos y materiales de la campaña, incluso para la compra directa de votos y hasta pagar publicidad en otros medios.
Y atención, la publicidad oficial se paga con recursos públicos, y quien utiliza los dineros de los contribuyentes en beneficio propio o de sus socios, amigos, familiares o correligionarios, comete un delito que se llama corrupción. En conclusión, quien discrimina y otorga arbitrariamente publicidad oficial viola la libertad de expresión, ataca los elementos básicos de la democracia y es corrupto.
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