Un monstruo amenaza Nicaragua: la reelección de Ortega. Marchamos resignados hacia ella como hacia algo horrible pero inevitable. Nuestro pragmatismo resignado nos aconseja acomodarnos. Minimizar el daño. Convivir con la lepra. Quizás suene dramático o exagerado. Pero no lo es. Aceptar el rompimiento del orden constitucional es para el cuerpo político lo que la lepra es para el cuerpo humano: una enfermedad que pudre y desfigura todo. A veces lentamente, a veces rápido.
La Constitución es la base sobre la que descansa toda la institucionalidad y el Estado de Derecho. Está por encima de toda otra ley o institución. Su importancia es tal que cuando toman posesión los presidentes juran solemnemente respetarla y obedecerla. El acto tiene un sentido religioso. Porque la Constitución es sagrada. No se puede manosear, ignorar o tomar a la ligera. Sólo la Asamblea Nacional (AN) puede reformarla (artos. 182 y 191) siguiendo reglas muy específicas y exigentes.
Ortega realizó el juramento ante el pueblo de Nicaragua y ante Dios. Pero había un artículo que frustraba su aspiración de ejercer el poder hasta que la muerte lo separe: El 147, que prohíbe la reelección continua y la de quien hubiese ejercido la Presidencia por dos períodos. Trató entonces de cambiarlo recurriendo al único recurso posible: los votos de una mayoría de 56 diputados de la AN. Al no lograrlo, tras dos años de esfuerzos, presiones y halagos —¡honor para los diputados que resistieron!—, decidió saltar las barreras legales y utilizar a sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Lo que ocurrió entonces es uno de los capítulos más bochornosos de nuestra historia jurídica.
Un grupo de magistrados orteguistas, sin el quorum de ley, orquestaron una sesión a la que no convocaron a los diputados liberales, y en secreto y con velocidad de relámpago se atribuyeron una facultad que les está expresamente vedada por la Constitución (art. 184) y la Ley de Amparo (art. 5): anular el artículo 147 Cn. El pretexto fue que el artículo era inconstitucional, porque contradecía el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Absurdo, porque igualdad ante la ley no significa que no puedan existir condiciones para el ejercicio de ciertos cargos. Si así fuese no podría exigirse a los magistrados de la CSJ que fuesen abogados, ni a los conductores de vehículo que tengan más de 18 años. Y si la igualdad fuese absoluta, ¿por qué entonces los vicepresidentes o alcaldes que aspiran a la Presidencia deben renunciar seis meses antes y el Presidente no?
Lo burdo de esta movida, tan burda como el robo de las elecciones municipales, le ha valido el repudio unánimemente de todos los juristas de prestigio del país, junto con la Iglesia, cámaras empresariales y todos los sectores civiles y políticos ajenos al partido dominante. El problema es que, a pesar de la gravedad del atropello, no se ha pasado de allí. Un aire de cansada desesperanza parece haber paralizado las voluntades y el decoro. Las excepciones son las protestas valientes que grupos de jóvenes han realizado ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la masiva marcha virtual organizada por Javier Báez.
Es necesario salir del letargo: pasar de la marcha virtual a la marcha real; reclamar en la calle el respeto que exige nuestra Constitución. Así como se organizó la gran marcha de noviembre del 2009 con más de 50,000 nicaragüenses, habrá que organizar una nueva en defensa de la Constitución y en repudio a la candidatura ilegítima de Ortega. Pero, a diferencia de la anterior, esta marcha deberá convertirse en un plantón cívico, que cerque en forma indefinida al CSE, hasta que se pronuncie de acuerdo a lo que mandata el artículo 147 de nuestra Carta Magna. Corresponderá a las organizaciones de la sociedad civil y a los auténticos partidos de oposición activar el músculo de sus respectivos afiliados y montar la logística requerida.
Hacerlo es una exigencia moral. Tenemos el deber ciudadano de hacer respetar nuestra Constitución y mostrar que no estamos dispuestos a doblegarnos ante los atropellos del poder. Hacerlo es vital para la supervivencia de nuestra incipiente democracia y para que nunca nos digan, como la madre de Boabdil a su hijo derrotado: “Lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre”.
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