Naciones Unidas/EFE
La Asamblea General de la ONU expulsó hoy a Libia del Consejo de Derechos Humanos (CDH) del organismo internacional por la represión de las protestas populares por parte del régimen de Muamar el Gadafi.
La resolución que decreta la suspensión indefinida de Libia del órgano de derechos humanos con sede en Ginebra fue adoptada por consenso por los 192 países que conforman la organización multilateral.
Esta medida sin precedentes responde a la petición que le trasladó el pasado viernes el CDH, después de que sus 47 miembros acordaran en una sesión extraordinaria solicitar la suspensión de la participación de Libia en el organismo en respuesta a la violenta respuesta de Gadafi al levantamiento popular contra su régimen.
En una intervención previa a la adopción de la resolución, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que las informaciones de combates y represión que llegan desde Libia son «muy preocupantes».
«El mundo ha hablado con una sola voz: Exigimos un fin inmediato de la violencia contra los civiles y el absoluto respeto de sus derechos fundamentales, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión», agregó.
El embajador del Líbano ante la ONU, Nawaf Salam, en nombre de los patrocinadores árabes y africanos de la resolución, recordó que la Liga Árabe y la Unión Africana ya condenaron la semana pasada las acciones del régimen libio desde el inicio de la revuelta popular.
«Los países que proponemos esta resolución subrayamos que es un procedimiento excepcional y temporal» que se podrá revisar una vez se ponga fin a la violencia en el país magrebí», agregó.
En contraste, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, expresó en una intervención posterior las «reservas» de su país con respecto a la decisión adoptada por la Asamblea General.
«Una decisión como esta solo se puede adoptarse tras una investigación objetiva y creíble que confirme la veracidad de los hechos. No se puede condenar a un país a priori. Consideramos esta decisión precipitada», agregó.
La acción de la Asamblea General de hoy se suma a las duras medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad contra el régimen de Gadafi, con las que se quiso enviar un firme mensaje a Trípoli de que la comunidad internacional no tolera las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ni los ataques contra la población civil.
La resolución 1.970 pide a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, que abra una investigación sobre esos ataques, que pueden haber dejado miles de víctimas, al tiempo que impone un embargo total sobre las armas en Libia, congela los activos financieros de los Gadafi y les prohíbe viajar.
Un amplio grupo de ONGs de todo el mundo también reclamó el pasado viernes la suspensión de forma inmediata del derecho de Libia a pertenecer al CDH ante «las crecientes pruebas de ataques a gran escala de su Gobierno contra manifestantes».
En el país africano, la coalición rebelde del este de Libia anunció hoy la formación de un Consejo Militar en Bengasi, la segunda ciudad del país, para «defender el pueblo libio y las fronteras de Libia reconocidas internacionalmente de cualquier ataque».
