Un nuevo capítulo se abrió ayer para una anestesióloga, que el año pasado había sido condenada a 12 años de prisión por la muerte de una paciente, pero que en enero recobró su libertad por decisión del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
Ayer la anestesióloga Auxiliadora de la Concepción Rodríguez Zapata fue a una audiencia por el mismo caso. Ahora también enfrentará el proceso judicial el cirujano plástico Joaquín Edgardo Morales Gutiérrez, quien no acudió al juicio del año pasado en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio, de la titular Adela Cardoza.
El inicio del proceso contra los acusados ahora lo lleva el Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, a cargo del juez Henry Morales, quien determinó ayer en audiencia mixta (inicial-preliminar) remitir a juicio a la anestesióloga y al cirujano plástico acusados por la Fiscalía del delito de homicidio imprudente en perjuicio de la víctima Alicia Indira Fernández Romero, paciente que se había sometido a una operación estética.
LA ACUSACIÓN
Ayer durante la audiencia, que se alargó por más de cuatro horas, la representante del Ministerio Público, Matilde Villanueva, en alusión a la lectura que hizo de la acusación, manifestó que la muerte de Fernández Romero se produjo el 22 de abril del año pasado, en el hospital Antonio Lenín Fonseca.
Hasta allí había sido trasladada la paciente en estado grave una semana antes, es decir el 15 de abril.
Ese día (15 de abril de 2010), en el Centro Médico Americano, la víctima se había sometido a las 11 de la mañana a una cirugía estética, pero entró en paro cardíaco apenas 40 minutos después de que le habían suministrado la anestesia, refiere el libelo acusatorio de la Fiscalía.
A pesar de los síntomas de gravedad presentados por la paciente, no fue llevada de manera inmediata al Lenín Fonseca, sino hasta pasadas las siete de la noche de ese mismo día, cuando ya tenía un daño cerebral que no se pudo contrarrestar, según el documento del Ministerio Público.
LAS DEFENSAS DE LOS ACUSADOS
Hardlen Huete, abogado defensor de Joaquín Morales, aseguró que su cliente no puede pagar por hechos cometidos por otras personas y dijo que el imputado es inocente porque la Fiscalía no especificaba la participación de éste en los hechos.
El juez Henry Morales ayer resolvió aplicarles a los imputados la detención domiciliar con un custodio y la presentación periódica en la oficina de control de procesados, los días viernes de cada semana, así como el impedimento de salida del país y cero comunicación con los testigos del caso.
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