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 Byron Rivas lamentó que toda la eficiencia que ayer estos agentes demostraron para impedir que protestara contra la reelección del presidente Daniel Ortega, no sea aplicada a los delincuentes que a diario le hacen tanto daño a la población. LA PRENSA/M. ESQUIVEL

Policía somete a jóvenes que intentaban protestar

Otra muestra de la pérdida de independencia e imparcialidad y la alineación ante las decisiones del partido de gobierno, dieron ayer efectivos de la Policía Nacional al retener sin justificación a cinco jóvenes que intentaban protestar frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Otra muestra de la pérdida de independencia e imparcialidad y la alineación ante las decisiones del partido de gobierno, dieron ayer efectivos de la Policía Nacional al retener sin justificación a cinco jóvenes que intentaban protestar frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Dicha protesta era contra las pretensiones reeleccionistas del presidente Daniel Ortega.

POLICÍAS DEL RÉGIMEN NO COMBATEN DELINCUENCIA

Mientras miles de nicaragüenses víctimas de la delincuencia se quejan a diario por la falta de eficiencia y eficacia del trabajo de la Policía, ayer los agentes demostraron una efectividad inusual. Se presentaron al lugar antes que los organizadores del plantón y cuando éstos llegaron los identificaron con nombre y apellidos y los retuvieron sin explicación.

Amparados en los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución que otorgan entre otros derechos el de denunciar anomalías y reunirse pacíficamente, Jairo Contreras, William Marín y Byron Rivas, de la Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional (Rejudin) y Juan José González y Randí Jiménez, del Movimiento Vamos con Eduardo (MVE), intentaron protestar contra la decisión de seis magistrados del régimen orteguista en la CSJ quienes arbitrariamente dejaron sin efecto el artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección.

Lo único que lograron fue que los persiguieran, requisaran, esposaran y les decomisaran dos mochilas. A Contreras y Marín los trasladaron a la Estación VI de la Policía donde permanecieron casi una hora. El resto fue retenido durante el mismo período en el edificio de la CSJ y posteriormente dejados en libertad sin ninguna explicación.

Los jóvenes exigían una explicación por el atropello, pero al tratar de justificarse, los agentes nuevamente dejaron en evidencia su parcialización, ya que lo fundamentaron en la violación a la Ley 510, ya que los detenidos portaban una docena de morteros, otra de huevos, un tubo, una manta que decía “No a la Reelección de Ortega” y volantes con el mismo mensaje.

Efectivamente la Ley 510, que regula el uso de armas de fuego y explosivos, prohíbe el uso de morteros, pero es tradición que los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) los usen sin ninguna restricción en cualquier actividad que realizan, incluso, para atentar contra la vida de las personas opositoras al régimen de Ortega.

MORTEROS SON PARTE DE LA “CULTURA POPULAR”

Es más, ante las constantes quejas de dirigentes de la sociedad civil y ciudadanos, que han sido atacados por simpatizantes orteguistas con estas armas, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, en el 2008 dejó claro que la prohibición no puede aplicarse porque estos explosivos son parte de la “cultura popular” y “se usan hasta en las iglesias” y en “las fiestas patronales”.

La declaración de Morales no fue trasladada a la ley, pero eso no ha sido impedimento para que la Policía Nacional la cumpla al pie de la letra. Desde esa fecha hasta ayer los simpatizantes del partido de Gobierno han realizado un sinfín de actividades en las que el uso del mortero es el “principal atractivo” y nadie ha sido detenido por hacerlos explotar en sitios públicos y menos por andarlos en una mochila, como ocurrió ayer.

Marín detalló que en la Estación policial iban a meterlos en las celdas con los reos comunes, pero el responsable preguntó los motivos y nadie supo explicarlos. Posteriormente a través de los radiocomunicadores escucharon que era una orden “de arriba” que los procesaran por violar la Ley 510. Pero luego, otra orden supuestamente del jefe de la Estación provocó que los dejaran libres sin ficharlos, pero sin devolverles sus pertenencias, lo que consideran un abuso de autoridad.

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