En enero del 2007, quizás por su origen ideológico, la Coordinadora Civil (CC) esperaba que la llegada al poder del presidente Daniel Ortega dejara atrás 16 años de “frías relaciones” entre los gobiernos neoliberales y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para dar paso a un quinquenio de “políticas sociales”.
Para otras OSC como el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) lo que existía era temor. Incluso, ambas advirtieron que al salir a flote la vocación autoritaria Ortega, buscaría callar todas las voces que osaran cuestionar sus decisiones.
A la CC le tocó comprobar en carne propia que había errado en sus previsiones. En estros cuatro años ha enfrentado amenazas, hostigamiento, planes de desarticulación, descalificación, desprestigio, calumnias, intimidación y agresiones de todo tipo, que los han hecho cambiar de opinión.
Su vocera Luisa Molina afirma que de los casi veinte años de gobiernos neoliberales éste ha sido el peor período, porque ni siquiera respeta la Constitución.
Les leyes se hicieron a un lado y el rumbo del país se dirige por “orientaciones” que llegan a los funcionarios a través de llamadas telefónicas hechas desde la secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que a su vez sirve de casa y residencia presidencial.
NOVELA DE TERROR
A menos de un año de concluir el período presidencial de Ortega, la CC decidió plasmar en un libro el detalle de las agresiones que han sufrido durante estos cuatro años.
Según Molina, cualquier extraño que lea el contenido de las 105 páginas del texto supondrá que se trata de una “novela de terror”, pero no es más que un relato de una sostenida campaña que inició con amenazas, pero al no lograr sus objetivos ha recurrido a todos los recursos a disposición del Estado en busca de callar las voces críticas. El listado de agresiones individuales y grupales es amplio, entre lo más relevante se cuenta.
Octubre del 2008: Empleados de la Dirección General de Ingresos (DGI) agreden a Georgina Muñoz, Luisa Molina, Mario Quintana y otros dirigentes de la CC en la Fiscalía General de la República, donde se presentaron a rendir declaración porque eran acusados por el Gobierno de “triangular fondos de la cooperación internacional”. Fueron acompañados por funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que también fueron agredidos. El caso no prosperó por falta de pruebas.
Diciembre del 2008: El procurador de facto de la Comisión de Derechos Humanos, Omar Cabezas, encabezó a una turba que atacó a ciudadanos que participan en una marcha conmemorativa del Día de los Derechos Humanos en las inmediaciones de la rotonda El Güegüense.
Junio del 2009: Sindicalistas del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), dirigidos por el diputado sandinista Gustavo Porras, agredió a un grupo de ciudadanos que realizaba un plantón en la rotonda Rubén Darío, en protesta por el golpe de Estado que se había perpetrado en Honduras.
Agosto del 2009: Una turba al mando de la entonces viceministra del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) Meyling Calero, atacó a los participantes de la Asamblea General de la organización que planeaban clausurar la actividad con un acto cultural en los predios de la Catedral de Managua.
Entre los ataques individuales el caso más emblemático es el de Leonor Martínez, dirigente juvenil que ha enfrentado diversas agresiones. La más grave en octubre del 2009 cuando Félix Armando Tercero, empleado de la Alcaldía de Managua, le causó fracturas en uno de sus brazos de las que aún no se recupera, pero que no han impedido que continúe luchando por la defensa de derechos de los jóvenes desde diversas organizaciones. Aunque identificó y ubicó al agresor, ante las autoridades, la acusación no prosperó.
AGRESIONES FÍSICAS y AHOGO ECONÓMICO
Para Molina, estas campañas son promovidas por la vocación autoritaria de Ortega y su temor a que el trabajo de educación en el conocimiento y defensa de los derechos ciudadanos que realizan, hagan despertar a los ciudadanos y los empujen a poner un basta ya a la clase política, que los únicos intereses que defiende son los personales.
Molina asegura que a pesar del “horror” que han vivido, la vocación autoritaria del gobierno de Ortega no ha podido ni podrá destruir la razón de ser de la CC, que es y seguirá siendo educar a los ciudadanos en la defensa de sus derechos y analizar las políticas públicas.
Sin embargo, al no lograr su objetivo el Gobierno cambió de estrategia. Ahora las presiones son económicas. El Gobierno presiona y hasta ha preferido perder cooperación para evitar que las OSC, críticas de su gestión, obtengan recursos.
Molina prefiere no mencionar a los organismos y embajadas que han dejado de financiar proyectos de las OSC por presiones gubernamentales, por considerar que son éstas las que deben denunciar dichas presiones.
Esto ha hecho que los recursos disminuyan, pero la “solidaridad” los mantiene a flote y a pesar de las dificultades que puedan enfrentar Molina afirma que la CC no dejará de existir, porque mientras existan derechos que defender, estarán ahí para hacerlo.
HA SIDO PEOR
Según Juanita Jiménez, representante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), el modelo de represión impuesto por Ortega no las tomó por sorpresa. Al contrario, era algo que esperaban, pues al partir de la premisa de su desempeño desde la perspectiva de “gobernar desde abajo”, que tuvo Ortega y el FSLN durante los 16 años que estuvo en la oposición, las llevó a comprender que habían renunciado a sus reivindicaciones históricas.
“Lo que planteábamos era que el retorno de Frente Sandinista al poder era el peor escenario, porque previmos que podía obstaculizar el proceso de democratización que llevaba el país. Que si bien es cierto, no era un proceso acabando nos había permitido avanzar de alguna manera no sólo a la sociedad civil en general sino también a las organizaciones de mujeres”, enfatiza Jiménez.
Según la dirigente feminista, en los primeros días del mandato de Ortega comprobaron que el modelo de participación única a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y la prohibición de todo tipo de diálogo de los OSC con las instituciones , irrespetando “todos los mecanismos oficiales establecidos” hasta esa fecha, como el Conpes y los Comités de Desarrollo, era la muestra del autoritarismo que esperaban.
Las organizaciones de mujeres temían que la relación con el gobierno de Ortega sería difícil. Esperaban una “pasada de cuentas” por el acompañamiento que en su momento brindaron a Zoilamérica Narváez cuando acusó a su padrastro, el presidente Ortega, de haberla abusado sexualmente.
ENVIANDO MENSAJE
Las cosas fueron más allá de lo esperado. Después de cuatro años de agresiones, Jiménez asegura que por haber surgido de la revolución parece que Ortega quiso usarlas para mandar un mensaje a sus rivales políticos. “Para que pensaran si a los que vienen de su misma familia les hacen eso, qué pueden hacer a los demás”.
Jiménez detalla que en el caso del MAM las agresiones comenzaron en julio del 2007, cuando Ana María Pizarro, Martha María Blandón, Luisa Molina, Violeta Delgado, Martha Munguía, Jamileth Mejía, Lorna Norori, Violeta Delgado y Juanita Jiménez, fueron acusadas de complicidad en el aborto en el caso “Rosita”.
Para Jiménez, la intención de la acusación era “criminalizar” al movimiento de mujeres. Por presiones internacionales el caso fue cerrado a inicios del 2010, pero desgastó al movimiento y a partir de ahí surgieron limitaciones para obtener recursos.
En septiembre del 2008 nuevamente el Estado “instrumentalizando a la Fiscalía y a la Policía Nacional” enfiló sus cañones contra el MAM. Las oficinas fueron allanadas en busca de pruebas de la “triangulación de fondos” provenientes de Oxfam Gran Bretaña, que el Gobierno decía que de manera ilegal se realizaba, indica Jiménez.
PREFIERE PERDER RECURSOS
Las dirigentes del MAM también han sido víctimas de campañas de desprestigio, intimidación, amenazas y del ahogamiento económico.
Jiménez afirma que a pesar de las presiones que existen entre los donantes para que no proporcionen recursos a un grupo de OSC que el Gobierno ha puesto en “una lista negra, entre las que está el MAM”, siguen y seguirán en la lucha.
Explica que la obsesión del Gobierno llega a tal límite, que en muchos casos prefiere no firmar convenios de cooperación bilateral y perder esos recursos con tal de evitar que ciertas organizaciones accedan a fondos para seguir desarrollando sus proyectos.
Sin embargo, existe otro tipo de cooperación “más solidaria”, que aunque son partidas más pequeñas permiten a las OSC mantener la operatividad. También trabajan mucho con el voluntariado y la solidaridad de organizaciones homólogas en otros países.
Para Jiménez, el presidente Ortega es un dirigente “más fundamentalista que la religión. Neoliberal, porque se ha enriquecido a través del erario público en los ochenta y en el contexto actual y misógino” que pretende mantenerse en el poder con una candidatura ilegal, por lo que confía en que el pueblo reaccione, ya que no “nos merecemos un mandatario con esas características”.
MÁS DAÑO A ORTEGA
Sofía Montenegro, periodista del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), considera que la campaña de desprestigio y las acusaciones de triangulación de fondos y lavado de dinero que promovió el Gobierno contra Cinco, aunque los paralizó durante algunos meses, porque durante un allanamiento se les llevó equipos y documentos y paralizó la cooperación que recibían, a quien más afectó fue al presidente Ortega.
“Porque fue una medida sumamente autoritaria, falsa, sin ninguna legalidad ni legitimidad y porque dejó al descubierto, incluso para una gente de izquierda allá afuera que creía que este Gobierno era de izquierda, les demostró que este Gobierno hizo objeto de su persecución violenta a un grupo de periodistas y un grupo de mujeres”, indicó Montenegro.
Según la periodista, la imagen que quedó grabada afuera fue de in “régimen que persigue mujeres y persigue periodistas”, por lo que considera que “hizo un mal negocio al perseguir mujeres y periodistas”, porque un régimen que persigue mujeres y periodistas es “cobarde y represor”.
Además, considera que la campaña de apoyo que se desarrolló en América Latina y Estados Unidos a favor de Carlos Fernando Chamorro y de ella, expuso las “tripas de este régimen al mundo, por eso el costo fue para ellos, porque su desprestigio fue gigantesco”.
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