Me sorprendió, hace poco, oír a un alto funcionario internacional con mucho recorrido por el mundo, decir que ni siquiera en África había visto un caso de politización del sistema judicial tan extremo como el de Nicaragua. “Éste es el único país que conozco— añadió —donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia confiesan públicamente su membresía y fidelidad partidaria”.
Es un hecho que en Nicaragua los magistrados sandinistas y liberales no sólo confiesan su membresía partidaria sino que ven natural que su rol sea defender los intereses de su tribu-partido. Su lealtad y compromiso no son para la justicia sino para el partido o líder que los nombró. Rafael Solís lo ha reconocido públicamente y sin pena. El problema es que en Nicaragua se vuelve tan habitual lo aberrante que llegamos a ver como normales comportamientos que no lo son.
La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. El justo condena o absuelve al acusado exclusivamente en función de sus acciones. No importa que éste sea su amigo o enemigo. El injusto, por el contrario, absuelve al amigo, aunque pueda ser culpable, y condena al enemigo, aunque sea inocente. Por eso a la justicia se la representa con una venda en los ojos; porque no hace distinción entre las partes.
Un precepto fundamental de toda sociedad civilizada es que el Poder Judicial no esté sometido a ningún grupo —político, económico, social o religioso— sino que sea total y celosamente imparcial. Los jueces o magistrados pueden tener, naturalmente, sus preferencias políticas y sus convicciones filosóficas y morales. Pero de ninguna manera deben decidir por quedar bien con alguien, por interés personal o de su grupo, o por consignas partidarias. Hacerlo convertiría a la Corte Suprema en una especie de súper parlamento donde sus miembros representan a sus partidos y defienden sus intereses. Esto pervierte y contamina la justicia, que ya no emanaría de los magistrados sino de agentes políticos, situados fuera del Poder Judicial. Los litigantes no harían fila para dirimir sus diferendos ante los primeros sino ante los caudillos, convertidos en magistrados de hecho. La administración de justicia se reduciría entonces a un teatro hipócrita, donde no actúan el derecho o la ética, sino los poderosos con máscaras de jueces. Sería el regreso a la ley del más fuerte o la ley de la selva.
Esta pendiente, por la que se está deslizando Nicaragua, parecía estarse superando al término del mandato de doña Violeta, en 1996. En ese entonces la CSJ estaba presidida por el doctor Guillermo Vargas Sandino, hombre íntegro, e integrada por magistrados relativamente autónomos de muchas corrientes; liberales, conservadores, social cristianos y del gabinete del presidente. De los doce, cuatro eran de origen sandinista, pero tres de ellos simpatizaban con la línea disidente de Sergio Ramírez.
La partidarización de la Corte Suprema fue producto del pacto que desde la presidencia Arnoldo Alemán forjó con Daniel Ortega en 1999. Éste no sólo obtuvo la concesión del 35 por ciento de los votos, para ganar en primera vuelta, sino la mitad de los magistrados de la CSJ y del CSE en el cual no tenía a nadie. Luego, tras arrinconar judicialmente a Alemán, obtuvo mayoría en ambos poderes. Pero lo más grave es que se convirtió en “normal” la existencia de dos bancadas partidarias entre los magistrados. Éstos a su vez comenzaron a nombrar jueces de acuerdo a su filiación partidaria y protegerlos. De doscientos jueces removidos por falta de competencia o probidad bajo Vargas Sandino, el número se redujo a dos por año.
Es de la mayor prioridad devolver al sistema judicial su independencia reformando la forma de elegir los magistrados. La sociedad civil debe asumir un rol preponderante en la selección de candidatos. Aquellos electos con mayor respaldo deberían ser vitalicios o tener períodos muy largos, de forma que no dependan de los políticos de turno. Habría que prohibirles la membresía partidaria y asegurarles una remuneración conforme a la dignidad de su cargo.
Nada es más urgente en la agenda nacional que rescatar la independencia de la justicia. Hacerlo traería un aire fresco y renovador. La justicia, como dijo John Rawls, “es la primera virtud de la instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas del pensamiento”. Y la justicia o es imparcial, e independiente, o es la injusticia que hizo clamar al salmista (Sal 89):
“Ustedes los poderosos, ¿en verdad dictan sentencias justas? Al contrario, actúan con mala intención; abren caminos de violencia en el país… Señor ¡rómpeles los colmillos a esos leones!”
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