París/EFE
Las protestas que desde hace una semana se han ido extendiendo por los tribunales de toda Francia en forma de aplazamientos de audiencia adquirieron hoy una forma poco habitual con manifestaciones de magistrados para reclamar más medios y contra lo que consideran ataques del presidente del país, Nicolas Sarkozy.
Las concentraciones delante de los tribunales se convocaron en la mayor parte de las ciudades del país, y el centro de la movilización esta vez no fue París sino Nantes (oeste), el tribunal al que Sarkozy lanzó una puya el pasado día 3 que desencadenó la movilización de jueces y fiscales en su contra.
La Unión Sindical de Magistrados (USM), principal organización de estos profesionales que no tienen derecho de huelga, afirmó que 170 de los 193 jurisdicciones de Francia estaban cumpliendo con las directrices de la protesta, retrasando sin fecha las audiencias que no se consideran urgentes.
Las organizaciones de magistrados, secundadas excepcionalmente por varios sindicatos de policías, pero sobre todo de los auxiliares judiciales, de asociaciones de abogados e incluso de víctimas de la justicia, pretenden que su movimiento -que debe tener continuidad por lo menos mañana- sirva para hacer públicas las condiciones precarias de su trabajo.
Para ilustrarlo, una de las cifras que repiten es que en términos relativos (en porcentaje del PIB) Francia es el trigésimo séptimo de 43 países del Consejo de Europa que menos dinero dedica a la justicia.
El ministro del ramo, Michjel Mercier, les replica que desde 2007 ese presupuesto ha crecido a un ritmo del 3,3% anual y que en 2011 por primera vez supera los 7.000 millones de euros.
Pero los participantes en este movimiento esperan sobre todo una respuesta esta misma noche del presidente de la República, que interviene en un programa de televisión para responder a las preguntas de ciudadanos.
La razón es que el origen de la movilización la activó el pasado día 3 Sarkozy, con unas explosivas declaraciones sobre el asesinato el mes pasado de la joven Latitia Perrais, atribuida a un delincuente reincidente con antecedentes por delitos sexuales, Tony Meilhon, que tras salir de la cárcel no era objeto de ningún seguimiento, pese a que su pena lo establecía.
El jefe del Estado avisó de que habría sanciones contra los jueces encargados del caso Meilhon con el argumento de que “cuando se deja salir de la cárcel a un individuo como el presunto culpable sin asegurarse de que será seguido por un consejero de inserción, hay una falta”.
En su mensaje -“los que han cubierto o han dejado hacer serán sancionados”-, Sarkozy señaló directamente a los magistrados competentes, del Tribunal de Nantes.
Según la USM, la falta de supervisión de Meilhon era uno de los 800 incumplimientos constatados en esa jurisdicción debido a que sólo dispone de 17 consejeros de inserción, cuando para tratar los 3.300 dossier a su cargo haría falta el doble.
