Por Maggie Michael
EL CAIRO/AP
El presidente egipcio Hosni Mubarak hablará a la nación próximamente y responderá a los reclamos de las manifestaciones, dijeron fuentes militares y del partido gobernante este jueves. Los manifestantes exigen su renuncia inmediata.
Fuentes militares dijeron que el consejo supremo de las fuerzas armadas, tras horas de reuniones, emitirá un comunicado que satisfará los reclamos de los manifestantes.
El dirigente del partido de gobierno Hossan Badrawy dijo a The Associated Press que prevé que Mubarak hablará a la nación y efectuará un anuncio que satisfará los reclamos.
Horas antes, médicos en batas blancas y abogados en togas negras marcharon a la plaza Tahrir y se sumaron a huelguistas y manifestantes antigubernamentales, dando un poderoso impulso a los reclamos de renuncia de Mubarak, mientras el gobierno amenazó con imponer la ley marcial ante sus fracasados esfuerzos por controlar la crisis.
Las protestas contra el ejercicio monopólico del poder por Mubarak, que ya lleva 29 años, se alimentan de la furia por los problemas económicos, que incluyen alza de precios, desempleo, corrupción, bajos salarios y la gran brecha entre ricos y pobres.
Los conflictos laborales parecían responder en parte al llamado de los manifestantes a unirse al movimiento, pero había otro elemento en juego: poblaciones locales que descargaban su furia largamente contenida contra símbolos concretos del estado: un comandante de Policía odiado, una fábrica estatal que estafaba a sus trabajadores o un gobernador que incumplía sus promesas.
Las amenazas del gobierno plantearon la posibilidad de una ola represiva, a pesar de las promesas reiteradas del ejército y el gobierno de no tratar de expulsar a los manifestantes de la plaza Tahrir.
En declaraciones a la televisora Al-Arabiya el jueves, el canciller Ahmed Aboul Gheit dijo que si unos “aventureros” pasan a controlar el proceso de reforma, las fuerzas armadas “se verán obligadas a defender la constitución y la seguridad nacional… Adicionalmente, nos encontraremos en una situación muy grave”.
Activistas juveniles que organizaban las protestas para exigir la renuncia del presidente Hosni Mubarak convocaron a una nueva concentración para el viernes con la esperanza de repetir la concurrencia de un cuarto de millón de personas registrada hace unos días.
Khaled Abdel-Hamid, vocero de una coalición de grupos que organiza las protestas, dijo que se intenta concentrar a los manifestantes en seis plazas cairotas para marchar luego a la Plaza Tahrir, el centro de las protestas. Miles ocupaban la plaza el jueves y juraban no abandonarla hasta que Mubarak renuncie, a pesar de las concesiones que ha hecho.
Las protestas, impulsadas por el descontento generalizado ante el autoritarismo del régimen, también se han alimentado del malestar económico: inflación, desempleo, salarios bajos y gran disparidad entre ricos y pobres.
A esto se suman las huelgas en una amplia gama de sectores: ferrocarriles y autobuses, trabajadores del servicio eléctrico y técnicos de mantenimiento del Canal de Suez, fábricas de textiles, acero y bebidas, así como empleados de la salud. Los organizadores están haciendo un esfuerzo concertado para sacar el movimiento obrero a la calle.
El jueves, cientos de médicos con sus batas blancas marcharon desde el hospital Qasr el-Aini hasta Tahrir, coreando, “egipcio, únete a nosotros”.
Desde otra dirección, multitudes de abogados en togas negras marcharon desde su sindicato hasta la plaza, agitando banderas egipcias y coreando, “Mubarak, piloto, cómo conseguiste 70.000 millones de dólares”, en alusión al pasado del presidente como comandante de la fuerza aérea.
Informes periodísticos de que la familia Mubarak ha amasado una fortuna valorada en miles de millones de dólares han enfurecido a los habitantes de un país donde el 40% está por debajo de la línea de pobreza de 2 dólares diarios, según el Banco Mundial. Se desconoce la verdadera magnitud de la fortuna familiar.
Las huelgas obreras se extienden a pesar de la advertencia del vicepresidente Omar Suleiman, de que los llamados a la desobediencia civil son “muy peligrosos para la sociedad y no podemos tolerarlos en absoluto”.