CORRESPONSAL/COSTA RICA
No solo la empresa Industrias Infinito S.A. y la Procuraduría General de la República (PGR) apelaron la sentencia contra la minería Crucitas, sino que ex empleados del gobierno, fundaciones, trabajadores de la empresa canadiense y hasta una sociedad anónima presentaron recursos de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
En total fueron nueve recursos de casación los que recibió esta Sala, todos encaminados en anular la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que revirtió los permisos a Industrias Infinito para extraer oro usando cianuro, a unos tres kilómetros del río San Juan, y a la vez eliminó un decreto ejecutivo que avaló esta minería a cielo abierto.
Las apelaciones más sonadas son las de Infinito y la PGR. La primera sustenta que el Tribunal violó normas procesales del ordenamiento jurídico, mientras que el abogado del Estado asegura que los jueces cometieron “violaciones” a la Ley General de Administración Pública.
Otros recurrentes son el Gerente General de Industrias Infinito, Arnoldo Rudín Arias y Asocrucitas (Asociación de trabajadores de Crucitas), quienes consideran pueden perder sus empleos si no se desarrolla el proyecto.
INSTITUCIONES SE UNIERON
Otros que apelaron fueron el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos, que defiende a los trabajadores del proyecto; Sonia Espinoza Valverde y Eduardo Murillo Marchena, ex funcionarios de la Secretaría Técnica Ambiental Nacional (Setena) que se consideran agraviados por la sentencia, así como actuales funcionarios de esta entidad, la cual otorgó los permisos ambientales con irregularidades a la empresa canadiense.
Otras apelaciones también la presentaron funcionarios del Instituto de Geología y Minas, la empresa Tecno Ambiente y el Sistema.
Al fallo del tribunal recomendó al Ministerio Público investigar penalmente al ex presidente Óscar Arias Sánchez y a su ex ministro de ambiente, Roberto Dobles Mora, porque firmaron el decreto ejecutivo que avaló la minería, a pesar de que el proyecto se ubica en áreas protegidas por ley.
Contra Arias y Dobles ya existía una investigación en el Ministerio Público por cometer supuestamente el delito de prevaricato (desacato a la ley), precisamente por emitir ese decreto.
Otras recomendaciones del fallo es que se investiguen penalmente a Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Lee y Arnoldo Rudín Arias. Todos ellos apelaron la sentencia.
El proyecto Crucitas se ubica a unos 3 kilómetros del río San Juan, cauce que sería contaminado según los ambientalistas si se empieza a extraer oro usando cianuro.
La Procuradora General, Ana Lorena Brenes, quien seguirá explicando ante diputados porqué defiende Crucitas al apelar la sentencia, se encuentra en una polémica tras aceptar que recibió llamadas del ex presidente Arias días antes de presentar los recursos.
El fallo contra Crucitas fue en diciembre y las apelaciones se presentaron en enero.
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