“Me impresionó ver la fila de empresarios haciendo turno para saludar a Ortega”, fue el comentario que escuché de labios de un ejecutivo que participó en el encuentro del Cosep con el Presidente de Nicaragua, el 18 de enero. Su reporte calza con el sentir general de que el empresariado nicaragüense está contento y tiene un acuerdo o alianza tácita con Ortega —percepción que ha producido su cuota de críticas—. “La complacencia de los empresarios”, decía recientemente un diputado, “responde a que para ellos lo más importante es proteger sus inversiones y sus empresas”.
Apreciaciones como éstas no son totalmente justas. El Cosep se ha pronunciado en contra del fraude electoral de las elecciones municipales y la reelección inconstitucional, y ha exigido observación internacional para las próximas elecciones. Pero, claro, no se ha querido pasar de allí. El tono general de los encuentros con Ortega continúa siendo cordial y siguen abundando los abrazos efusivos.
Las razones de esta supuesta complacencia son complejas. Una es el factor alivio. Cuentan que en un pueblito medieval los habitantes vivían aterrorizados por un ogro con fama de comer humanos. Pero cuando tras imponerse al poblado, se limitó a comer sus perros y gallinas, los aldeanos se sintieron aliviados y abrazaron al ogro. Al llegar Ortega a la Presidencia cundía el temor provocado por los traumas del pasado. ¿Volverían las confiscaciones, las invasiones de tierra, los controles cambiarios y la hiperinflación? Tras los primeros cuatro años de su mandato es obvio que nada de esto ha sucedido. La inmensa mayoría de empresarios ha podido mantener sus posesiones y hacer negocios como antes. El Gobierno ha respetado la economía de mercado, mantenido altas las reservas monetarias y cuidado la estabilidad macroeconómica, lo que le ha llevado a sacar buenas notas con el antes demonizado Fondo Monetario Internacional. También ha tenido el tino de consensuar muchas de sus leyes con el Cosep. Tras la contracción del 2009 la economía está creciendo, aunque modestamente, animada por los altos precios de las exportaciones. En términos generales, y aunque hay superávit de licitaciones amañadas, corrupción y engorros burocráticos, Ortega, definitivamente, no está actuando como Chávez, quien ha postrado económicamente a su país (a pesar de sus petrobillones) y acorralado al sector empresarial.
Otra razón para no antagonizar a Ortega ha sido la prudencia natural de quien tiene bienes que proteger. Para quien no tiene inversiones es fácil criticar de timorato al que las tiene, aunque no sabemos cómo reaccionaría si un golpe de suerte pusiera millones en su cartera. La vulnerabilidad de la persona con haberes es mayor en países como Nicaragua, donde se carece de la protección de sistemas judiciales independientes y confiables. Otro factor que ha pesado en el ánimo empresarial ha sido el fracaso de la oposición en articular una resistencia política eficaz.
Ante la falta de alternativas y el recuerdo del costo horrendo que ocasionó botar a Somoza, algunos empresarios han desarrollado la esperanza de “civilizar” a Ortega. Piensan que apelando a su pragmatismo quizás podrían hacerle ver la conveniencia de respetar la institucionalidad republicana o, al menos, convertirlo en un Somoza suave, con el que se puede convivir y quizás prosperar. Esta esperanza es probablemente ilusoria. La historia no cesa de advertirnos lo adictivo que es el poder y lo peligroso que son el continuismo y la ilegalidad. En Nicaragua, como una regla sin excepción, todo mandatario empeñado en prolongar su poder más allá de dos períodos, ha traído sangre y ruina. “Todas nuestras crisis graves”, decía recientemente el Dr. Serrano Caldera, “han sido crisis políticas”. Con los Somoza se logró un alto ritmo de crecimiento y estabilidad, pero al final todo colapsó. Un Ortega entronizado, dueño del sistema judicial, sin un sistema de pesos y contrapesos, ávido de enriquecer su camarilla, y despectivo de la ley, tiene los ingredientes para llevar el país a la ruina. Tarde o temprano enfrentará resistencias y entrará en el círculo vicioso de apretar las tuercas y enfrentar más resistencia. Sin un estado de derecho y sin alternabilidad democrática y paz, Nicaragua difícilmente podrá crear las condiciones donde prosperan los negocios y el país avance. En el mejor de los casos, asistiremos a un neo-somocismo más vertical, con menor dinamismo económico y mayor corrupción.
El sector privado enfrenta un dilema: Si exige con energía el Estado de derecho, corre cierto riesgo a corto plazo, pero alienta la posibilidad de frenar el descenso hacia una dictadura ruinosa. Si no lo hace, sortea el riesgo presente, pero enfrentará, de seguro, un panorama oprimente a mayor plazo. En él quizás podrá conservar sus bienes abrazando al ogro, y rogando que no se le vuelva a ocurrir comer carne humana.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
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