MIAMI/AP
Seis latinoamericanos, incluyendo un nicaragüense, detenidos en Colombia fueron acusados judicialmente por el gobierno estadounidense de haberse asociado ilícitamente para suministrar armas y municiones a presuntos miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, dijeron el miércoles las autoridades.
La denuncia, presentada el viernes pasado por la fiscalía ante la corte federal de Miami, incluye al nicaragüense Franklin William McField Bent, que enfrenta cuatro acusaciones de conspiración e intento de conspiración para suministrar apoyo material a las AUC.
McField Bent, que fue arrestado en Barranquilla, Colombia, en octubre del 2010, enfrenta también tres acusaciones por presuntos intentos de fabricar y distribuir cocaína.
Los otros acusados son los colombianos Jeison Archibold, Juan Carlos Cuao Camacho y Edwin Rodríguez León; y los hondureños Miguel Villela y Fausto Agüero Alverado.
Los seis acusados permanecen detenidos en Colombia. El gobierno estadounidense pedirá su extradición, dijo a la AP Alicia Valle, una portavoz de la fiscalía federal de Miami.
De acuerdo con la acusación, McField Bent y los otros cinco miembros de sus presuntas organizaciones de tráfico de drogas y armas, buscaban suministrar lanzadores de granadas, granadas, fusiles automáticos y otras armas a supuestos miembros de las AUC que resultaron ser agentes encubiertos.
Estados Unidos considera a las AUC una organización terrorista.
La acusación señala también que los sospechosos conspiraron para distribuir cocaína sabiendo que podría ser importada a Estados Unidos.
PODRÍAN SER CONDENADOS A 15 AÑOS DE PRISIÓN
En caso de ser declarados culpables, los acusados enfrentarían una posible condena a 15 años de prisión por cada una de las acusaciones relacionadas con armas. Por las acusaciones de drogas la sentencia máxima podría ser a prisión perpetua y la mínima a 10 años de prisión por cada uno de los cargos.
«Cualquier persona que intente vender armas a organizaciones terroristas representa una amenaza grave a nuestra seguridad nacional y a la seguridad de nuestros aliados», manifestó el fiscal estadounidense Wilfredo Ferrer.
La acusación fue el resultado de un trabajo conjunto de diferentes agencias estatales, entre ellas la agencia antinarcóticos (DEA, por su nombre en inglés) y el servicio de inmigración y aduanas (ICE, por su nombre en inglés).
