CORRESPONSAL/RIVAS
La disputa que mantienen tres estadounidenses por la propiedad de un hotel en San Juan del Sur, departamento de Rivas, llegó hasta California, Estados Unidos, donde uno de los reclamantes, Michael Frederick Lawler, señaló a los jueces, que llevan el caso en Nicaragua, de presunta corrupción.
En una demanda hecha por Michael Frederick Lawler en la Corte Superior del condado de San Mateo, California, Estados Unidos, en contra de los también estadounidenses John Kevin Casey y Patricia Ann Casey, con quienes se disputa dos propiedades, una de ellas el hotel La Cascada, señaló de corruptos a jueces rivenses.
Lawler inició el proceso en Estados Unidos el 19 de octubre del 2010, bajo el expediente CIV499881, donde demanda a sus socios, el matrimonio Casey, por presunta estafa, fraude y violación a la ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero.
Lawler detalla en el numeral seis de la demanda interpuesta en California en contra de los Casey, que “en abril de 2009, los acusados, con el fin de obtener la posesión y desposeer al demandante”, se sobornó a un “juez de reemplazo” (juez suplente) de una corte de una pequeña localidad en Nicaragua (San Juan del Sur). Añade Lawler que “el juez sustituto actuó de manera ilegal durante la ausencia del juez (titular)”.
Según Adán Solórzano, abogado de los Casey en Rivas, el primer caso mencionado por Lawler en su demanda en California se refiere a un embargo preventivo que sus clientes solicitaron en el Juzgado Único Local de San Juan del Sur. Detalló que aunque en ese momento él no era el abogado de los Casey, conoció del caso por los expedientes. Indicó que no existen libros de registros de secuestros por embargos preventivos.
De acuerdo con Solórzano, en esa ocasión la Juez de Distrito Civil de Rivas revocó lo actuado por la juez suplente de San Juan del Sur, Marbellí Hernández, porque la fiadora de este embargo, María Luisa Collado, aparecía como tal en varios casos, comentó.
En el numeral siete de su demanda en Estados Unidos, Lawler indica que “en octubre de 2010 los acusados (el matrimonio Casey), con el fin de obtener la posesión y desposeer al demandante, también en violación de la FCPA (ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero), sobornó a otro juez sustituto para obtener otra orden ilegal de despojo al demandante”, es decir del mismo Lawler”.
Lawler no señala los nombres de los jueces rivenses que supuestamente se dejaron sobornar para perjudicarlo.
En octubre del 2010 el matrimonio Casey logró que la juez suplente del Juzgado de Distrito Civil de Rivas, Eva Navarrete, revirtiera el nombramiento de depositario hecho por la juez titular, Genie Chávez Zapata, resolviendo que el hotel La Cascada y otra propiedad volvieron a manos de los Casey como depositarios legales, mientras se resuelve las demandas existentes.
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