Tres magistrados de Apelaciones de Granada alegan que no habían pruebas en contra de 10 condenados por narcotráfico, y por ello ordenaron la libertad de los mismos en este mes de diciembre.
“Sostengo que hay pruebas”, fue la reacción de la juez de Distrito Penal de Juicio de Rivas, Ivette Toruño, quien aclaró que respeta las decisiones de los magistrados de Apelaciones, Ligia Rivas, Julia Selva y Alejandro Estrada.
“Yo solo puedo hablar por lo que yo hice”, dijo la judicial.
En la sentencia 39-2010 de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Sur (Granada), los tres magistrados dejan libre a nueve de 14 condenados por narcotráfico.
Mientras que en la sentencia 40-2010 dejan libre a uno, le rebajan la pena a cinco años a otro que estaba condenado a 17, y le anulan el juicio al supuesto cabecilla del grupo criminal, ordenando que se le realice un nuevo proceso y además ordenan devolver bienes incautados.
En el caso de la sentencia 39-2010, una parte de los 14 acusados en este caso fueron capturados el 26 de enero del año 2010, en un retén en la entrada de Cárdenas, Rivas, mientras que otra parte en viviendas que fueron allanadas por la Policía.
La magistrada Julia Selva explicó que en su sentencia la juez Toruño hizo un “bolsón” de los acusados, pero analizando la participación de cada acusado en particular se ve que los nueve que fueron liberados no tenían ninguna vinculación con la droga ni las armas y el dinero que fueron incautados en el caso.
“Algunos de ellos eran transeúntes y vecinos del lugar”, expresó Selva.
La magistrada explicó que por falta de pruebas en su contra se ordenó la liberación de los condenados Everth Enrique Coronado, Bayardo José Arias Díaz, Pedro José Meléndez, William Fernando Argueta Pérez, Erick Armando Urbina Arauz, Armando Urbina Cerros, Alberto Núñez Sevilla, Félix Dávila y Carlos Mauricio Gutiérrez Benavides.
En cambio se dejó condenados a Anderson Antonio Rodríguez Solís y a Marvin Joel Talavera, quienes viajaban en el vehículo donde se encontraron más de 28 kilos de cocaína.
También se dejó condenados a Marcos Ricardo Carrión Carrasco, Germán Zúñiga y José Alberto Zúñiga Cárcamo, quienes viajaban en el vehículo en el que se encontraron 199 mil 820 dólares.
Según Selva, también se ocuparon “armas con portaciones, una pistolita 22”, pero “no habían armas de guerra” ni se demostró la existencia de un fusil AK que supuestamente quedó tirado en el lugar.
La juez Toruño señaló por su parte que todos los acusados que tienen orden de libertad tienen pruebas directas en su contra, por ejemplo el hecho de que andaban en “la misma ruta” donde se iba a producir una venta de drogas.
“Es imposible en el nuevo Código Procesal Penal (CPP) que yo invente pruebas (a como dijeron los magistrados de Apelaciones)”, expresó la juez Toruño.
La sentencia 40-2010 versa sobre el caso de ocho hombres que fueron capturados en diversos puntos del municipio de Tola, Rivas, y a quienes se les ocupó 95 paquetes de cocaína y varios vehículos.
La magistrada Selva señaló que liberan a Gilber Vanegas Vargas porque no había pruebas contra él, y anulan juicio al cabecilla Carlos Enrique Siézar Robles porque no lo llevaron a una audiencia de juicio.
La juez Toruño manifestó que tiene en su poder el acta de juicio oral y público, en la que aparece la firma de Siézar, de que estuvo presente en el juicio.
También contra Siézar hay una prueba científica indicando que tenía partículas de cocaína en el cuerpo cuando fue capturado.
El magistrado Alejandro Estrada también defendió las liberaciones por falta de pruebas y lamentó las críticas constructivas sin que nadie haya estudiado las sentencias que emitieron los tres magistrados “en consenso”.
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